Pese al fin del estado de alarma, la Universidad seguirá con clases online. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha ratificado la resolución de Salud del 5 de mayo por la que el Principado pide prorrogar la suspensión de la actividad presencial hasta finales de curso. En esta prohibición no entran los exámenes y las prácticas. Los magistrados sustentan su decisión en que “el curso académico está ultimándose” y en que “el restablecimiento de la carga de presencia física en las aulas puede generar distorsiones en la organización universitaria, lesión de expectativas legítimas y riesgo de propagación indeseada de la pandemia”. De hecho, tan solo quedan tres días de clases, ya que la evaluación final empieza el lunes que viene. Los exámenes se harán en un porcentaje muy elevado de manera presencial y con una distancia mínima entre mesas de 1,5 metros.

El TSJA argumenta en un auto hecho público hoy que “parece conveniente conceder la autorización” de la prórroga de las medidas especiales para luchar contra el covid en el ámbito universitario “a lo que resta del presente curso académico”. Es decir, que acepta lo que pedía el Principado; una petición con la que estaba de acuerdo los servicios jurídicos de la Universidad. Eso sí, deja fuera de la suspensión “la realización de los exámenes que en su caso se acuerde que se celebren presencialmente y, como es obvio, con la observancia de las medidas de precaución establecidas legal y reglamentariamente”. 

Las medidas son prácticamente las mismas que se siguieron en enero, cuando el tribunal tumbó la polémica suspensión de pruebas presenciales que el Principado publicó en el Bopa el 11 de enero, el mismo día en el que la institución académica retomaba la evaluación tras el parón navideño. Los magistrados señalaron entonces que el Gobierno autonómico “no justificó de forma adecuada, objetiva, razonada y singularizada la necesidad de limitar” los exámenes presenciales en los campus, y discrepan acerca de su riesgo. Es más, la sala añadió que la evaluación tradicional se ha mantenido en universidades de comunidades con peores datos de covid y que “no existe explicación para que los estudiantes de Secundaria, un colectivo mayor y con hábitos más despreocupados o menor madurez”, sí tengan pruebas presenciales.