La instrucción dictada a finales de abril por la dirección general de Función Pública por la que se asignan a los nuevos funcionarios que van a tomar posesión plazas cubiertas en interinidad desde hace tres años o más abre una falla en la normativa del Principado, que puede dar lugar a cientos de recursos de los interinos cesados, según confirmaron a este periódico fuentes sindicales y jurídicas.
Esa resolución, que justifica la asignación de todas las plazas de interinos de más de 3 años a los nuevos funcionarios en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que piden poner coto a la interinidad en España, establece el criterio contrario al del decreto publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) en enero de 2020, que dice lo siguiente: “En el supuesto de que existan dos o más puestos de trabajo idénticos, cesará el que tenga un nombramiento o contrato más reciente en la unidad administrativa de adscripción directa e inmediata de los empleados públicos afectados”, precisa el decreto dictado por la consejería de Presidencia unos meses antes de que el presidente Adrián Barbón le retirase las competencias de administración pública para encomendárselas al vicepresidente Juan Cofiño. En varios puntos de esa mismo decreto se determina que el cese afectará a los empleados públicos “con menor antigüedad al servicio de la administración del Principado”.
Fuentes sindicales hicieron hincapié en que un decreto siempre tiene un rango superior de jerarquía y, por lo tanto, prevalece sobre una instrucción, cualquiera que sea el rango de esta. “Esta colisión dará aún más motivos a los interinos cesados que decidan recurrir”, añadieron las mismas fuentes. Al parecer, a los actuales responsables autonómicos de Función Pública les cogió por sorpresa dicha colisión, ya que el decreto no fue aprobado ni firmado por ellos sino con anterioridad.
Independientemente de que los interinos cesados decidan pleitear en la vía judicial, sindicatos como CSIF y UGT han solicitado formalmente al Gobierno en las mesas de negociación que los méritos y la formación sean valorados tanto en los concursos oposición como en la elaboración de las bolsas de empleo para evitar que los interinos de larga duración, la mayoría rondando los 50 años o más, puedan verse descolgados sin puesto de trabajo en un momento especialmente problemático como el actual.
