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La descarbonización lleva a la industria asturiana a una nueva reconversión

La región afronta la tesitura de convertir la exigencia europea en una oportunidad o asumir un impacto contundente en su estructura fabril

Térmica clausurada por Naturgy en Soto de la Barca (Tineo). | Silveira

Asturias afronta en el ecuador de su undécima legislatura autonómica una reconversión industrial, ya en marcha, que afecta a sus sectores básicos, como las que se produjeron en las primeras décadas de la autonomía. Entonces fue un problema de sobredimensión y obsolescencia de las actividades fundacionales de la estructura industrial regional y ahora un desafío de adaptación a las nuevas exigencias ambientales europeas y de la Cumbre del Clima de París.

En los dos casos, hay sectores llamados a desaparecer (entonces fueron las minas de carbón autóctono y ahora las centrales térmicas, alimentadas con mineral mayoritariamente de importación) pero otras industrias (caso de la siderurgia y los astilleros) salieron fortalecidos de los ajustes, adaptaciones e inversiones modernizadoras realizados en los años 80 y primeros 90, y, aunque redujeron empleo, restablecieron su competitividad internacional.

Ahora el reto es lograr eso mismo, promoviendo o captando actividades sustitutorias para las plantas termoeléctricas que ya han cerrado o que van a ser clausuradas de modo indefectible, y que las grandes industrias con un gran impacto en el PIB regional, y que son competitivas pero que están impelidas a reducir emisiones de CO2 para sobrevivir, sean capaces de acometer la costosa transición tecnológica que requerirá la adaptación de sus procesos fabriles a una economía descarbonizada.

Para unos y otros objetivos, los 140.000 millones de fondos europeos que le corresponderán a España (del total de 750.000 millones que movilizará la UE para el conjunto del área , y cuyas máximas prioridades son la transición energética y la digital) serán cruciales en la medida en que la iniciativa privada y la orientación pública sean capaces de plantear propuestas suficientemente tractoras y susceptibles de elección por el Gobierno central de cuantas accedan a esos recursos desde todas las comunidades autónomas. De momento, el Principado ha seleccionado 195 propuestas de inversión, por un importe total de 6.500 millones, de entre un conjunto de 230 iniciativas que sumaban un potencial inversor de 17.000 millones.

Irreversibilidad. Lo que parece fuera de duda es la irreversibilidad del proceso: la Unión Europea y otros países avanzados como EE UU (su nueva administración se ha reincorporado al Acuerdo de París de 2015) van a transitar de modo categórico por la transformación energética. La discusión está en cómo convertir este reto en una oportunidad y en cómo proteger a los sectores productivos afectados por la descarbonización de la competencia de aquellos otros países que no asuman los mismos costes para evitar el calentamiento del planeta, ya sea con aranceles ambientales o con otras medidas compensatorias que equilibren el mercado mientras no todos concurran en igualdad de condiciones.

Pero, más allá de las decisiones políticas, muchas grandes corporaciones han interiorizado el discurso ambientalista como propio en el marco de su filosofía de empresa y otras se están viendo forzadas a ello por la presión creciente de los accionistas, caso de los fondos de inversión, presionados a su vez por aquellos de sus partícipes sensibilizados con el “efecto invernadero”.

El fenómeno va a más. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) sorprendió ayer con un alegato contra el petróleo y los hidrocarburos y en exigencia de que se suspenda de inmediato la exploración de nuevos yacimientos y se adopten medidas para reducir su consumo con el fin de garantizar las emisiones cero en 2050 y el cumplimiento de las reducciones de CO2 previstas para 2030.

Asturias, con empresas bien posicionadas en el diseño, ingeniería y construcción, aspira a potenciar la eólica terrestre, introducirse en la eólica marina, desarrollar el hidrógeno y potenciar la biomasa, entre otras fuentes alternativas, además de fomentar las nuevas tecnologías para el almacenamiento energético. La energía solar térmica, aunque con fabricantes autóctonos, y la fotovoltaica no figuran en las prioridades de la región pero sí en territorios con mayor insolación.

Los agentes sociales asturianos exigen compromisos inversores tangibles como alternativa a los cierres de las térmicas y han expresado su creciente preocupación por el riesgo de desmantelamiento de la gran industria si se extreman las exigencias. A esta inquietud contribuye el diferencial del precio de la energía en España respecto a otros grandes países europeos como Francia y Alemania, y la carestía en la que está incurriendo la electricidad en lo que va de año.

Electricidad. En el coste energético están influyendo desde fenómenos atmosféricos como la oleada de nieve y frío en enero a una tendencia generalizada de encarecimiento en la salida poscrisis de todas las materias primas, incluido el petróleo, que a su vez se correlaciona con el gas natural, energía primaria de los ciclos combinados. La política de derechos de emisión de la UE alimenta esta tendencia porque penaliza al gas y mucho más al carbón, que por esta causa quedó fuera del mercado, lo que precipitó los cierres de plantas térmicas decididos por las empresas eléctricas.

Ante la perspectiva de salida de la crisis y aumento de la demanda eléctrica se está produciendo un acaparamiento de derechos de emisión y más ante la constatación de que la UE prevé reducir los derechos gratuitos que otorga a las industrias. Esto, junto con la especulación de quienes toman posiciones en el mercado de derechos como una inversión financiera más, está disparando su precio. Este mes cotiza a 51,84 euros, un coste sin precedente desde que se creó este mercado. La UE no hace nada para evitarlo porque el encarecimiento sirve al objetivo de forzar la expulsión de las energías sucias y fomentar las limpias.

Para Asturias, con una fuerte dependencia de la industria intensiva en consumo eléctrico, la carestía de la electricidad es un factor muy adverso. El ejecutivo aprobó en diciembre el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que no colmó las expectativas. Las ayudas directas suman este año 170 millones pero a repartir entre 612 empresas españolas. El ejecutivo dice que totalizan 770 millones al sumar 600 millones para avales públicos que permitirán a las industrias hacer contratos a medio y largo plazo con las eléctricas (PPA) para abaratar la tarifa. Aun así, el sector lo ve insuficiente.

El Gobierno argumenta que cuando se complete el despliegue de fuentes renovables, la energía se abaratará, como de hecho ocurrió no sólo en 2020 (cuando cayó la demanda por el covid) sino también en 2019, que fue un año de crecimiento económico, pese a lo cual el precio medio se situó en el menor nivel desde 2010.

El proceso –y hasta que culmine el despliegue definitivo de las energías verdes y la adaptación de los procesos fabriles a las energías limpias– conllevará costes de transición y puede producir ganadores y perdedores.

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