La pandemia no ha supuesto un incremento de asuntos en los Juzgados asturianos, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya está preparado por si se produce en los próximos meses. Las causas pueden ser básicamente dos: reclamaciones patrimoniales contra el Principado por los cierres de la hostelería y que los expedientes de regulación de empleo (ERTE) se conviertan en despidos. De momento no se ha producido ese crecimiento de litigiosidad, aunque sí han aumentado tres meses los plazos para la resolución de los casos, los mismos que duró el confinamiento con el primer estado de alarma y se paralizó la actividad judicial.
En Asturias hay tres procedimientos abiertos solicitando la impugnación del cierre de los negocios, mientras que en otras comunidades autónomas ya se han empezado a recibir demandas por responsabilidad patrimonial.
El presidente del TSJA, Jesús Chamorro, afirmó que “a día de hoy no se ha registrado un aumento de la litigiosidad anual”, pero añadió que todavía es pronto para ver las consecuencias de la pandemia en los juzgados. Hasta el momento, sólo se registraron dos casos anulando sendas sanciones administrativas por infringir la normativa durante el confinamiento.
El máximo representante de la justicia asturiana remarcó que los magistrados asturianos estarán “a la altura de las circunstancias” y todas las cuestiones que se planteen en los tribunales relacionadas con la pandemia se resolverán “con prontitud y eficacia”. El presidente del TSJA señaló que los tiempos de resolución son muy cortos ya que una vez que se dispone del informe fiscal, los magistrados pueden dictar el auto correspondiente en apenas “dos o tres días”, como ha ocurrido hasta ahora.
También indicó que en Asturias no se ha impugnado ninguna resolución de lo Contencioso-Administrativo, que se refirieron a la cesión de datos a la Policía para confirmar que se cumplía el confinamiento por positivos en covid, ya que afectaba al derecho a la intimidad, la docencia no presencial y cuando desautorizó los exámenes no presenciales.
Jesús Chamorro presentó ayer la memoria judicial correspondiente a 2020, el año de la pandemia, en el que se registró una disminución del 14,1 por ciento de los asuntos ingresados en el sistema judicial asturiano, al pasar de 135.914 en 2019 a 116.783 casos. Fueron las jurisdicciones de los social y lo penal donde se registraron los mayores descensos.
El presidente del TSJA explicó que el año pasado se dictaron menos sentencias al suspenderse los plazos procedimentales durante tres meses debido al primer estado de alarma y el confinamiento, lo que supuso que los tiempos se dilataran. “El estado de alarma no afectó en cuanto a que se resolvieron los asuntos pendientes, pero los tres meses de paralización hay que sumarlos ahora al tiempo que suelen tardar en resolverse los procedimientos de manera habitual”, señaló. Es decir, que si un procedimiento podía tardar siete meses en resolverse, ahora tardará diez.
Jesús Chamorro incidió una vez más en los “importantes déficits” de medios materiales y digitales con los que tiene que lidiar la justicia asturiana, y que en el caso de Oviedo se ven agravados además por la dispersión en siete sedes judiciales. “Incluso en el juzgado de violencia de género de Comandante Caballero se ha tenido que habilitar en el pasillo una sala para asegurar la atención a las víctimas, porque ya no hay otro lugar. Los edificios están al punto del colapso”, remarcó.
