El Gobierno del Principado ha puesto en funcionamiento el proceso para actualizar su legislación urbanística, el largo camino hacia una nueva ley de ordenación del territorio que espera tener redactada, consensuada y dispuesta para entrar en la Junta el año que viene. El texto, que como paso previo a su elaboración tiene un primer borrador de propuestas sometido a consulta pública y recopilación de sugerencias durante dos meses, sustituirá a la anticuada legislación de la primera década de este siglo y pretende crear un modelo de gestión del suelo adaptado a las peculiaridades de la Asturias y a la realidad de esta tercera década del siglo XXI, que aligere trámites urbanísticos, ordene los usos del suelo, atraiga población e inversiones y cohesione el territorio, de forma que el área central urbana “sea capaz de bombear el desarrollo hacia las alas y el medio rural”.

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sonia Puente Landázuri, ha presentado esta mañana en esos términos las metas del proceso recién iniciado, que la estimación del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, espera tener aprobado antes de que finalice este mandato, a pesar de lo apurado de los plazos: el año que viene apenas quedará uno de mandato. Para ello, consciente de que la aceleración de los plazos de tramitación parlamentaria depende en gran medida de que el texto llegue a la Junta con el máximo consenso posible, se ha diseñado “un procedimiento amplio y participativo”, apunta Puente, en el que ya está trabajando una “mesa de conocimiento transversal” de veinte personas, representantes de distintas instancias de la administración, ayuntamientos y profesionales privados. A continuación, se constituirá un grupo de trabajo específico en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) donde estarán agentes económicos, asociaciones empresariales y vecinales, colegios profesionales y agentes políticos. Así, “si somos capaces de generar un consenso, deberíamos tener un camino rápido”, afirma Calvo.

Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo y componente del equipo redactor de la ley, asume la magnitud de un proyecto para el que “el punto de partida no es malo” en la autonomía que mejor ha conservado su costa y sus espacios naturales y que dispone de una administración “acostumbrada a hacer urbanismo”, en suma con “una calidad urbanística razonable en ciudades y villas”, resalta.

Entre los propósitos de la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio en Asturias (LOITA), figura una comarcalización vinculada a la prestación de servicios que pueda agrupar municipios a imagen de las “áreas funcionales” del País Vasco. El proyecto subsume además el de ordenación del área metropolitana central de Asturias, encallado en la pasada legislatura por la negativa de Oviedo a sumarse al convenio suscrito por el resto de los concejos más poblados de la región y orientado ahora, como ya ha quedado dicho, hacia un propósito de “geometría variable”, que vincule a grupos distintos de concejos en función del proyecto que se acometa. El área metropolitana debe formularse “de manera adecuada dentro de la ley”, afirma Alejandro Calvo, “y en relación con el medio rural”, de forma que el área central sea “solidaria con el desarrollo en lugar de atender a una posibilidad de desarrollo independiente”.