“Los agentes de la UCO no tenían nada y sobrepasaron la línea con el visto bueno de la instructora”, aseguró ayer el letrado Fernando Barutell, defensor del presunto sicario Maamar Kelii, en la vista para abordar las cuestiones previas planteadas por los acusados del asesinato del concejal llanisco Javier Ardines, celebrada en la sala de lo Civil Penal del TSJA. Los letrados de los cuatro acusados –quienes comparecieron por videoconferencia desde las prisiones de Villahierro (León), Nanclares de Oca (Vitoria), Pamplona (Navarra) y El Dueso (Cantabria)– denunciaron ante el tribunal presidido por el magistrado Jesús María Chamorro, que se habían cometido “vulneraciones evidentes”. La fiscal y el abogado de la familia de Ardines (Raúl Martínez Turrero), que ejerce la acusación particular, pidieron que se rechacen los recursos, como ya hizo en febrero la sección segunda de la Audiencia.

Javier Beramendi, letrado del supuesto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva, denunció “una injerencia indebida” en la intimidad de su defendido sin justificación, salvo “una supuesta infidelidad entre el fallecido y la esposa de mi patrocinado”. “El día del crimen, el teléfono de mi cliente estuvo en Amorebieta, pero se le da la vuelta y se dice que pudo ir a Llanes, cometer el asesinato y regresar”, argumentó. Y criticó el hecho de que no se siguiesen otras líneas de investigación, como “los problemas varios de infidelidad, los enfrentamientos con los vecinos y funcionarios, o los rumores, de los que se hizo eco un policía local, de tráfico de drogas, del mismo modo que se obvió el ADN de una mujer que se encontró en las vallas”, añadió.

Luis Mendiguren, defensor de Jesús Muguruza, indicó: “Le llevaron al cuartel de La Salve en Bilbao, donde no consta que se le fichase a la entrada, y estuvo siete horas declarando como testigo, hasta que terminó autoinculpándose, sin que se detuviera la declaración, se le leyesen los derechos y se le facilitase un abogado”. No solo eso: dos meses después “se permite la incomunicación, pensada para asuntos de terrorismo”, explicó. Además, “prestó declaración ante la jueza con agentes delante, lo que podría entenderse como coacciones”.

Para el defensor del presunto sicario Djilali Benatia, Adrián Fernández, “la declaración de incomunicación de su cliente debe ser nula, y por tanto, también sus declaraciones ante la Guardia Civil y ante la jueza instructora”. Una vez incomunicado, los agentes le presionaron, aconsejándole que declarase. “Si se le hubiese permitido asistencia letrada, quizá su situación ahora sería distinta”, dijo. El letrado de Kelii, Fernando Barutell, argumentó que la Guardia Civil ya consideraba sospechoso a Jesús Muguruza cuando éste prestó declaración en Bilbao. Cuando Muguruza dijo: “Voy a contarlo todo”, los agentes “no tuvieron la prudencia de detener la declaración y leerle los derechos. Por tanto, la declaración es contraria a derecho”, explicó. “En ocasiones, parece que el fin justifica los medios. La sospecha de un delito de grupo de criminal, del que ahora no se les acusa, buscaba incomunicarles para forzar su autoinculpación”, afirmó.