El número de receptores del salario social básico autonómico va menguando lentamente en Asturias por el trasvase hacia el Ingreso Mínimo Vital, la nueva renta de titularidad estatal. La última cifra se situaba en 21.226 titulares en abril, 532 menos que en el mes de diciembre de 2020, y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar espera que la cifra se reduzca hasta 20.950 personas en junio, lo que supondría una resta de cerca de 1.500 en comparación con el mismo mes del año pasado. Según los números recién actualizados ayer por la Consejera, el Principado ha revisado 1.670 expedientes de perceptores del salario social a los que se ha concedido el ingreso mínimo vital y aún tiene pendientes de análisis más del doble: 3.500 expedientes de personas que se encuentran en la misma situación.
En esas circunstancias, el Consejo de Gobierno del Principado autorizó ayer una inversión complementaria de dieciocho millones de euros para el abono del salario social correspondiente a los meses de mayo y junio. De modo adicional, el Ejecutivo autonómico se ha habilitado para gastar otros seis millones para el pago de las prestaciones vinculadas a la dependencia en esas mismas mensualidades.
El “plan de choque” impulsado desde septiembre de 2019 por el Gobierno regional para tratar de reducir las personas en lista de espera ha incrementado este año los beneficiarios hasta llegar a 11.643 personas, 560 más que en diciembre de 2020. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, celebró ayer que el número de personas en espera se ha reducido a la mitad desde la activación de la estrategia de puesta al día de expedientes y que “existen áreas donde las solicitudes ya se están tramitando en plazo”, dentro de los tres meses que marca la ley. A ese ritmo, la Consejería se marca como propósito llegar al próximo mes de junio con 12.100 personas con algún tipo de prestación económica, algo que incrementaría sustancialmente las 9.660 del mismo momento del año pasado. Si se da el caso, el Principado cerraría el primer semestre con un gasto de diecinueve millones de euros, frente a los 16,4 de 2020.
