Casi 700 hombres y mujeres se mueven por toda España comprobando el estado de las carreteras y denunciando los tramos en mal estado. El objetivo de estos “justicieros del asfalto” es ayudar a los demás de forma altruista. La organización no gubernamental Unión Internacional para la Defensa de los Motoristas (IMU por sus siglas en inglés) cuenta en sus filas con técnicos, peritos judiciales y juristas que revisan y tramitan las denuncias. Creen que solo una sociedad civil organizada y este modelo de lucha técnico-jurídica puede evitar los abusos y las negligencias de quienes ostentan el poder.
La IMU tiene como objetivo que se cumpla la ley que se garanticen los derechos fundamentales de igualdad y seguridad de todos los usuarios de las carreteras, y en particular de los moteros. También favorecer la información y la formación de los ciudadanos, para que sepan cuáles son sus derechos si se ven inmersos en cualquier incidencia en la carretera.
Juan Carlos Toribio es el “alma” de este colectivo. Ejerciendo como guardia civil de Tráfico se dio cuenta de que había “muy mala praxis” a la hora de investigar los accidentes. Y muy malas carreteras. Así que decidió obtener las especializaciones de experto universitario, perito judicial en investigación de accidentes y especialista en educación vial, y empezó a denunciar las irregularidades y a reivindicar mejoras en la formación de los agentes investigadores, en la equipación técnica, en el estado de la red viaria y en la investigación de siniestros.
Su lucha logró cambiar la uniformidad de los agentes de Tráfico, que pasaron de tener equipos propios para montar a caballo a tenerlos adecuados para montar en bicicleta. Pero las críticas, las denuncias y su papel de activista social no gustaron a sus superiores. Y lo acabaron apartando del cuerpo. Señala con ironía que fue “excomulgando”, “desterrado”, oficialmente, por “inadaptación a la Guardia Civil”, no sin antes ganar tres sentencias judiciales.
El resultado de todo ello fue su prejubilación y un sueldo mensual, que Toribio decidió “devolver” a la sociedad con un nuevo “trabajo”. Creo la IMU y, junto con varios compañeros, inició la tarea a la que hoy se ocupa en cuerpo y alma. El colectivo se fue expandiendo por toda España y ya funcionaba en Asturias en 2016, donde hoy suma más de 30 miembros. También funciona en México, donde suma unos 5.000 integrantes. Y este año buscará expandirse por otros países.
“Hay muchos deberes pendientes desde hace muchísimos años. En 1877 la anchura de las carreteras ya tenía que ser por ley de cinco o seis metros, y seguimos teniéndolas incluso más estrechas. En Asturias, por ejemplo hay carreteras totalmente ilegales, que incumplen la legislación desde hace 140 años”, apunta.
Una de las principales luchas del colectivo tiene que ver con los guardarraíles. “No pedimos que se quiten, pero sí que se cambien, porque aunque son un sistema de contención que salva vidas entre los conductores de coches, tienen capacidad de matar a los motociclistas”, resalta Toribio, que exige acabar de una vez por todas con esta “discriminación”, reconocida ya por el Ministerio de Transportes en 1995, pero luego obviada, pese a que instalar guardarraíles adecuados costaría solo entre 14 y 17 euros el metro lineal.
La situación de las carreteras españolas es “de abandono absoluto”, afirma Toribio. Un hecho al que se añade una “pésima investigación de los accidentes de tráfico”, entre otras razones, porque la formación de los guardias civiles para ese menester no llega a un mes, por lo que es “incompleta”.
Asegura que en España se registra un “incumplimiento constante” de las leyes y el ordenamiento jurídico. Y, lo que es peor, “a sabiendas de que pone en peligro a la ciudadanía, lo que es un claro delito penal”. Así que la IMU se dedica también a “investigar a quienes delinquen” e intentar llevarlos ante los tribunales. Pero también propone medidas para restituir la seguridad vial.
El “mal mantenimiento” de las carreteras, algo que se hace “evidente en Asturias”, es otra de las razones del elevado número de accidentes de tráfico: “La seguridad está íntimamente ligada a la conservación”, apunta Toribio. “El problema en Asturias es muy grave. Es verdad que la orografía no ayuda, pero eso no justifica en abandono general de las carreteras, con problemas en la estructura, la señalización... No estamos ante una casuística temporal, sino ante un problema de muchos años. Hace falta un plan eficaz y eficiente de conservación”, clama.
“Aunque la prioridad son los motoristas, intentamos ayudar a todos los conductores. Si una carretera es segura para los motoristas, lo es para todos”, resalta Toribio, quien subraya que ser ciudadano implica “comprometerse con la sociedad, dar, no ser un parásito”.
Bernardo Vives, entrenador físico, es el delegado en Asturias de la IMU. Tiene 56 años y es motero desde los 12. Conoce “de primera mano” todos los “peligros e ilegalidades” de las carreteras, porque viaja a diario en moto y lleva a cámaras y periodistas en las carreras ciclistas desde 1987.
Al poco de hacerse socio tuvo un accidente a causa de la gravilla acumulada en la calzada. IMU le ayudó en la denuncia y consiguió que el Principado, titular de la vía, se hiciera cargo de todos los gastos generados por el siniestro, incluida su baja laboral. Resalta que la IMU ha conseguido, por ejemplo, la eliminación de baches muy peligrosos en varios puntos de Oviedo. Ve necesario que los ciudadanos se conciencien de que sin lucha “no haremos nada. Hay que movilizarse o no nos defenderá nadie”.
José María Álvarez entró en la IMU por Bernardo Vives, con quien rueda desde hace tiempo, con un objetivo: “Denunciar cosas que todos vemos a diario en las carreteras”. Destaca que la IMU “no está politizada, no reparte puestinos… y funciona”. Tiene 44 años y aunque solo lleva tres años de motero, “en espíritu” lo fue “toda la vida”. Tardó en atreverse a coger una moto: “En ella el chasis eres tú, y yo con mi cuerpo siempre fui bastante conservador”. Ahora lamenta “los años perdidos. Esto es una pasión”.
Arantxa Calleja, gijonesa de 44 años, tuvo un accidente de moto en marzo de 2019, cuando se encontró en medio de un camino con un cable que colgaba entre una casa y la carpa de una fiesta en Bustantigo (Allande). Se rompió la clavícula y un brazo y perdió su trabajo como camarera. Denunció, pero nadie la hacía caso, ni la compañía de su seguro médico: “Decían que no veían nada, y quedé indefensa”. Estuvo 7 meses de baja.
La ayudaron desde la IMU, que denunció ante la Dirección General de Tráfico (DGT) y logró que la Guardia Civil investigara el accidente. “Esta visto que la unión hace la fuerza”, señala. Ha vuelto a tener trabajo y a rodar. “Aunque tengo moto desde hace solo cuatro años, soy motera de cabeza desde siempre”, añade.
Verónica Folgueiras, gijonesa de 45 años, entró en la IMU después de llevar como abogada un accidente de tráfico. Pidió a la asociación un informe pericial sobre las condiciones de la vía en la que se produjo el siniestro y quedó muy sorprendida: “Era un informe completísimo, algo que rara vez se ve en los juzgados. Me llamó tanto la atención que me apunte, y hasta me hice motera”, comenta.
Destaca que la IMU es un colectivo “abierto, cercano, humilde y generoso”. Vio cómo ayudaron y apoyaron a Arantxa Calleja en su accidente y se adentró en un mundo, el de los moteros, que desconocía “por completo”. “Quise saber más del gremio y comprobé que es casi una familia”, señala. Ahora está luchando para que se retiren los “cojines berlineses”, que son “peligrosísimos para los motoristas”. Los responsables de seguridad vial “no piensan en los motociclistas nunca”. Y eso, según los miembros de la IMU, hay que cambiarlo.
