Cantabria ve una “intención ideológica” en la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica de elevar la protección del lobo, incluirlo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y prohibir su caza. El consejero cántabro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, no ve criterios técnicos detrás de la decisión y coincide así con lo manifestado el martes por su homólogo de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que criticó la carrera “ideológica y dogmática” del Ministerio de Teresa Ribera.

Blanco defiende que “no hay base científica ni técnica que avale el peligro de extinción que tiene el lobo” y no ve un ultimátum sino una nueva “llamada al diálogo” en el anuncio que Suárez-Quiñones hizo anteayer en León y que amenazaba con recurrir al Supremo si el próximo día 15 el Ministerio no ha renunciado a la prohibición de la caza.

Asturias se desmarca de esta amenaza con los tribunales por considerarla “precipitada” al menos mientras no se ejecute un análisis jurídico. El Principado persevera en reclamar al Gobierno garantías jurídicas que preserven la aplicación de su plan de gestión del lobo.