Es sin duda el talón de Aquiles de la investigación del asesinato del concejal de IU Javier Ardines. La Guardia Civil tomó declaración como testigo a Jesús Muguruza, supuesto intermediario entre el instigador del crimen y los sicarios que lo cometieron, cuando en realidad ya era investigado. Durante su declaración, Muguruza terminó autoinculpánose, pero los agentes no pararon el interrogatorio ni le leyeron sus derechos, lo que le habría permitido contar con el asesoramiento de un abogado. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular la declaración de Muguruza, al considerar que la Guardia Civil vulneró "su derecho de defensa como garantía esencial de un proceso justo". El fallo, del que ha sido ponente el presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorro, estima no obstante que la nulidad no debe afectar al resto de de diligencias surgidas de líneas de investigación "a las que ciertamente contribuyeron los datos aportados por el interrogado, pero a las que con seguridad habrían llegado los investigadores con los conocimientos que ya poseían". Se refiere Chamorro "a la identificación de otros posibles implicados, que, una vez realizada, fueron tratados judicialmente como investigados e instruidos de los derechos que les asisten como tales". Todo ello, añade el presidente del TSJA, "sin perjuicio de que el Jurado valore su real participación en los hechos enjuiciados tras apreciar las pruebas de cargo que, en su caso, se practiquen el Plenario".

El tribunal rechaza el resto de las cuestiones de nulidad planteadas por los letrados del propio Muguruza (Luis Mendiguren), el presunto instigador del crimen, Pedro Luis Nieva (Javier Beramendi) y los supuestos sicarios Djilali Benatia (Adrián Fernández) y Maamar Kelii (Fernando Barutell). Estos letrados pedían también la anulación de la declaración de Benatia, al haber sido obtenida en régimen de aislamiento propio de una organización terrorista y también de las escuchas y sonorizaciones que se realizaron a lo largo de la compleja investigación del caso. Dentro de dos semanas, el 18 de junio, se elige el jurado del caso, aunque el juicio no se celebrará hasta el 3 de septiembre.

La nulidad de esta declaración puede quizá tener consecuencias a largo plazo. Y es que podría ser la base de los más que seguros recursos ante el Supremo, siempre que se produzcan las condenas de los implicados, a quienes se solicitan 25 años de prisión a cada uno.