José María Quirós, exgerente de la sociedad mixta Sogepsa, volvió a sentarse ayer en el banquillo, esta vez en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, acusado de prevaricación en relación con 14 contratos de asistencia jurídica por un importe de más de medio millón de euros que fueron concedido a dedo entre 2008 y 2014, siempre según el escrito de acusación.

Quirós, que ya fue condenado días atrás a nueve años de inhabilitación para cargo público por contratos a dedo de servicios informáticos, defendió, como en el anterior juicio, la gestión realizada, al considerar que no estaba incumpliendo la ley. Y es que, en aquella época, había una cierta discusión jurídica sobre si una empresa mixta como Sogepsa estaba sujeta a la ley de contratos públicos. El fiscal considera que sí, y que debería haber solicitado ofertas o sacado a concurso los contratos.

El ministerio público retiró finalmente los cargos respecto a dos de los contratos –por un importe de unos 30.000 euros– y modificó su petición de inhabilitación, reduciéndola de nueve a siete años. El juicio –que se desarrolló a puerta cerrada debido al reducido espacio de la sala asignada al Juzgado de lo penal número 3, lo que hace imposible la presencia de público por el riesgo que entrañaría de contraer el covid-19– quedó visto para sentencia, tras una vista que se prolongó durante unas tres horas.

Declararon como testigos el exjefe de los servicios jurídicos de Sogepsa, Rafael González del santo –de quien se descubrió luego que carecía del título de abogado–; el abogado Jaime Rojo García-Conde; el exdirector general de Ordenación Territorial y Urbanismo, Juan José Fernández Pereiro; la secretaria general técnica de Infraestructuras, que denunció los contratos supuestamente fraudulentos cuando entró a formar parte del Consejo de Administración de Sogepsa; y el entonces vicepresidente de la patronal de la construcción, Ignacio Núñez Rodríguez-Arango, director general de Los Álamos y miembro del Consejo de Administración en la época de los hechos.