La Xunta de Galicia se erigió ayer en portavoz de las cuatro comunidades del Noroeste y reclamó al Gobierno central que reconsidere antes de 11 días su decisión de prohibir la caza de lobos en toda España. La directora general de Patrimonio Natural gallega, Belén do Campo, instó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que “reconsidere” su intención de vetar la caza del lobo en que las cuatro comunidades que gestionan el 95 por ciento de la población de esta especie en España: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.
En caso contrario, recurrirán ante el Tribunal Supremo para impedir la inclusión de todas las poblaciones españolas de lobos, y no solo las del sur del río Duero como hasta ahora, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Do Campo dio a Ribera de plazo hasta el día 15 de este mes para dar marcha atrás en sus pretensiones.
La dirigente gallega arremetió contra lo que considera una “irregularidad” del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto “en las formas como en el fondo”: la pretensión de incluir al lobo en el Lespre antes del 25 de septiembre, en un acto que provocó “sorpresa” e “indignación” en el Gobierno de Alberto Núñez Feijoó.
Do Campo lanzó una severa advertencia a Ribera: si no retira el proyecto para incluir al lobo en el Lespre en toda España antes del 15 de este mes las comunidades del Noroeste acudirán “a la vía judicial”. Aún confía en que la Ministra acepte su “mano tendida”, por lo que ha decidido dejan unos días como “margen de confianza”.
La directora general censuró que el Gobierno central haya hecho hasta ahora “oídos sordos” ante las reclamaciones de las regiones situadas al norte del Duero. Y destacó el apoyo a sus tesis de las organizaciones agrarias, que están “en pie de guerra” y decididas a frenar a la decisión del Ministerio.
Belén do Campo aseguró que el Ministerio “miente y falta a la verdad” cuando afirma que las comunidades autónomas van a elaborar la nueva Estrategia para la Conservación del Lobo, de ámbito nacional, porque Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han reclamado, hasta ahora sin éxito, que se realice previamente un censo de la población lobera en España y que se respeten sus respectivos planes de gestión de la especie, incluidos los controles de población en el caso de Asturias y las cacerías en los de las otras tres regiones.
