“No a las megainstalaciones eólicas” es el lema de una campaña lanzada por seis asociaciones ambientales de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León. El objetivo es frenar la “invasión” de macroparques eólicos en las comunidades autónomas del Noroeste. Para ello han creado el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica y han lanzado una campaña de crowdfunding. El dinero recaudado se utilizará para emprender iniciativas jurídicas, al considerar que acudir a los juzgados es “la única herramienta ante las amenazas de un modelo injusto y devastador”. El objetivo era recaudar 40.500 euros y, ayer ya se habían superado los 42.000 euros. La campaña, que se desarrolla a través de microdearena.org, concluirá mañana, Día Mundial del Medio Ambiente.
Los impulsores del Fondo explican que en la Cordillera Cantábrica y su entorno existen actualmente 433 complejos eólicos (8.377 aerogeneradores), a los que se suman otros 380 proyectos en tramitación, con más de 3 000 turbinas de nueva generación, “con mayor impacto sobre la biodiversidad y el paisaje por su gran tamaño y la necesidad de grandes infraestructuras asociadas, como líneas eléctricas y pistas de acceso”.
Pese a que reconocen que es “urgente” e “ineludible” una transición energética hacia un modelo basado en energías renovables, exigen que sea “justa con las personas, la biodiversidad y el paisaje”. Y consideran que la “industrialización eólica” que vive el norte de España se aleja “completamente” de ese modelo y representa “una amenaza cierta para los últimos espacios vírgenes”.
Han decidido recurrir a la justicia al considerar que “ya sea por falta de voluntad política, por incapacidad, o por ambas, la implantación de las renovables en general y las eólicas en particular carecen de evaluación ambiental adecuada, y de control público”.
El dinero recaudado servirá para impulsar acciones legales en los ámbitos judiciales europeo, estatal y autonómico contra las actuaciones de las administraciones públicas y contra la normativa sectorial que contravenga los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. También servirá para ayudar en las acciones legales y de movilización ciudadana que persigan los mismos fines de defensa de la biodiversidad y del paisaje.
