Los exámenes de oposición para estabilizar empleo en el Principado, es decir reducir la tasa de temporalidad, están siendo objeto de un aluvión de recursos y reclamaciones por parte de los opositores. Preguntas jurídicas fuera de temario y enrevesadas son algunas de las quejas más repetidas en las pruebas convocadas para cubrir 5 plazas de psicólogo, 25 de cocinero ayudante, 15 de terapeuta ocupacional y 24 de trabajador social o técnico de intervención. Un abogado del sindicato CSIF incluso sopesa pedir la prueba pericial de un miembro de la Real Academia Española (RAE), si el caso llega a juicio, porque sostiene que en una de esas pruebas, la de trabajador social, no había tiempo material para responder a 34 folios de examen en los 90 minutos: “Es imposible”, defiende.
De momento, la oleada de recursos está en la vía administrativa. En la oposición de psicólogo tanto el primer como el segundo examen, este de supuestos prácticos, plantearon “muchos problemas” y varias preguntas han sido impugnadas. Además, aseguran que hubo anomalías con el tribunal: “Nombraron uno titular y otro suplente y luego apareció en el tribunal otra persona que ni era el titular, ni el suplente, y al suplente ni le llegaron a llamar”.
“Fue extensísimo, sin tiempo para responder, con preguntas y respuestas larguísimas”, comenta uno de los opositores
El examen para trabajador social tuvo lugar el pasado 15 de mayo. “Fue extensísimo, sin tiempo para responder, con preguntas y respuestas larguísimas”, comenta uno de los opositores. Muchos de los aspirantes a esta prueba se presentaron para consolidar un puesto en el que ahora estaban como interinos. Todavía no han salido las notas del examen, pero ya están recurridas al menos tres preguntas. El malestar alcanza también a la extrema complejidad de algunas de las preguntas, rebuscadas incluso para profesionales del derecho. “Es difícil de entender que se pongan exámenes de tanta dificultad en una prueba a la que concurren muchos interinos y en la que supuestamente se busca la consolidación del puesto. Desde luego la tendencia que hay en el Principado es endurecer las pruebas”, afirma Francisco Martínez Noreña, abogado de CSIF que lleva varios de los recursos. Errores formales al margen, sostiene que muchas de las cuestiones jurídicas resultan incluso complicadas de contestar para aspirantes que manejan temarios de derecho para presentarse a oposiciones. “Si se quiere hacer un cribado porque hay muchos aspirantes en relación al número de plazas, se entendería que se pusieran las preguntas más difíciles en la materia específica objeto del puesto. ¿Qué quieren alguien un buen trabajador social o un buen ayudante de cocinero o que destaque por sus conocimientos jurídicos?”, plantea Martínez Noreña, que ha solicitado al tribunal la impugnación de tres preguntas de la primera prueba de trabajadores sociales y sopesa pedir el peritaje de un miembro de la Real Academia de la Lengua, para que informe sobre el tiempo del examen: “No se pueden leer y responder 34 folios, 90 preguntas, en 90 minutos. Y menos aún si algunas de las cuestiones no se corresponden con el temario o incluso están formuladas de forma errónea. Es imposible”.
Vía administrativa o judicial
El proceso de reclamación de una oposición puede demorarse mucho más allá de la resolución del proceso. La primera instancia es en la vía administrativa al propio tribunal del concurso oposición. Una posibilidad es anular las preguntas impugnadas por otras, que formaron parte del examen como suplentes, pero la contabilización de las nuevas ya puede introducir cambios en las nota de esa primera prueba. En caso de que la reclamación no prospere en esa vía, el siguiente paso ya es el recurso judicial, mediante un procedimiento contencioso-administrativo: “Al final puede darse que exista un perjuicio económico grande para los afectados”, concluye Martínez Noreña.
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