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Los ecologistas, al ataque contra las "excepcionalidades" que permitirían a Asturias controlar la población de lobos

"Es incompatible con su estrategia de conservación; intentan contentar a todas las partes", clama la asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel)

Un lobo

Un lobo

La posibilidad de que las comunidades autónomas puedan mantener en “situaciones de excepcionalidad” sus planes de control al lobo, ha vuelto a suscitar la polémica entre los colectivos conservacionistas y el Ministerio de Teresa Ribera.

El borrador de la orden ministerial , que tiene como fin proteger a la especie, incluye una disposición adicional que autoriza a autonomías como Asturias a mantener planes de control poblacional en “situaciones de excepcionalidad”, algo que para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) es “incompatible con su estrategia de conservación”. Esa disposición permite “aplicar las medidas que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas”, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en concreto, para “prevenir prejuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas”. Jorge Echegaray, miembro de la directiva de Ascel, acusa al Ministerio de Teresa Ribera de “lavarse completamente las manos, huye de su responsabilidad”, al tiempo que califica ese texto adicional de “degradante” e indicador de una política ministerial que solo “intenta contentar a todas las partes en el conflicto lobero”. En cambio la organización ecologista WWF no comparte la interpretación de Ascel y sostiene que con esta normativa habrá que justificar “mucho y muy bien” los controles de extracción de lobos.

La posición del Gobierno asturiano se centra en asegurar las garantías jurídicas para poder mantener los controles de población de la especie que existían hasta ahora, de tal forma que no puedan ser anulados por los jueces ante las posibles demandas que puedan plantear los colectivos conservacionistas ante los tribunales. Otras autonomías del Noroeste ya han anunciado que recurrirán la nueva orden ministerial.

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