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Asturias quiere simplificar el papeleo para cubrir la demanda de tierras de cultivo

El Principado ve una medida “extrema” la expropiación de fincas abandonadas, como acaba de aprobar Galicia, para recuperar suelo agrario

Concentración parcelaria en Peñaullán (Pravia). | Mara Villamuza

Concentración parcelaria en Peñaullán (Pravia). | Mara Villamuza

Asturias carece de tierras de cultivo suficientes. O más bien las tiene, pero no se usan y en el peor de los casos están abandonadas. En la comunidad vecina, la Xunta acaba de aprobar la llamada Ley de Recuperación de la tierra agraria cuyo objetivo es facilitar suelo a quien quiera trabajarlo. Para ello, entre las distintas medidas de la norma gallega –en vigor desde el pasado 22 de mayo– está la posibilidad de expropiar aquellas fincas abandonadas.

Una medida que en el Principado se descarta, tal y como expresa Rocío Huerta, directora del Banco de Tierras, que considera “extrema” tal opción, si bien entiende que la situación es igual de acuciante tanto en la comunidad vecina como en Asturias. “Creo que es mejor enfocar el asunto explicando a los propietarios la necesidad que hay de tierras y facilitar los trámites burocráticos para que se animen a alquilarlas. Meter miedo con que te lo pueden quitar no lo veo práctico, no creo que sea bueno”, señala Huerta.

El Banco está inmerso en un proceso para darse a conocer más entre los ciudadanos y modificar los métodos de trabajo que permita agilizar la cesión de suelo. Para ello se quieren facilitar las cosas, por ejemplo, relajando las condiciones para hacer concentraciones parcelarias privadas, una figura que se extiende por Asturias de forma rápida en los últimos años –en tres años se calcula que serán el 24% del terreno productivo–, si bien aun choca en una región que es más bien el “paraíso del minifundio”, con su terreno dividido en pequeñas parcelas y huertas.

Hasta ahora, para llevar a cabo una concentración parcelaria se necesita que estén a favor de sumarse el 90% de los titulares de las fincas objeto de tal concentración. El objetivo es que con dos tercios dispuestos se pueda poner en marcha, lo que agilizaría mucho los trámites. “Este año en los planes está modificar el decreto para ajustarlo a las necesidades actuales”, explica Huerta, quien señala dos de los principales motivos por los que cuesta tanto que la gente se desprenda de sus fincas y las ponga a disposición de aquellos que quieran terreno para cultivar: el apego sentimental y la ingente burocracia.

“La vinculación a la huerta, al prado, es muy intensa en Asturias. Muchas veces a la gente le da miedo desprenderse de su tierra, por temor a necesitarla en el futuro. Y luego al ser un terreno tan parcelado también cuesta mucho a veces identificar al propietario y contactar con ellos”, señala la directora.

En el Principado actualmente la demanda de terreno es principalmente para pastos y también para cultivar. Son muchos los que quieren establecerse en los pueblos de un tiempo a esta parte, pero se encuentran con que no tienen suelo libre para plantar faba, kiwis o avellano, tres de los cultivos más demandados.

“Es lo más difícil, encontrar terreno para la actividad agrícola”, admite Rocío Huerta. Esto choca con la intención de poblar el medio rural y animar a los jóvenes a emprender en el campo. Algo harto difícil si, por ejemplo, para juntar tres hectáreas de tierra –mínima cantidad para desarrollar una plantación que dé para vivir– se debe negociar con hasta 18 propietarios distintos. “Es normal que esto eche para atrás, porque lo dificulta mucho”.

En el Banco de Tierras apuestan también por revisar las fincas del Principado, comprobar su estado y ponerlas a disposición de los demandantes siempre que sea posible. Esto, no obstante, lleva su tiempo y tiene sus complicaciones.

“Tenemos que actualizar el listado, ir a ver las fincas y comprobar su estado. Muchas veces no están en condiciones para empezar a cultivar, pero usar las fincas públicas es una opción que también tenemos en cuenta”, señala la directora del Banco de Tierras, quien anima a utilizar la entidad, que también tiene pendiente mejorar su presencia en internet para que sea más práctico y fácil consultar el mapa de tierras regional.

“Si alguien quiere poner sus fincas en alquiler y darles salida es tan fácil como llamar. Hay que cubrir unas fichas con los datos del terreno y nosotros buscamos a las personas que estarían interesadas en arrendarlo. Se formaliza el contrato y nosotros garantizamos el precio y que se cumplan las condiciones del mismo, y por supuesto que cuando toque devolverlo a su propietario se haga en las condiciones que estaba originalmente. Hay que perder el miedo”, concluye Rocío Huerta.

La Unión Europea, dispuesta a favorecer que los jóvenes tengan fincas que cultivar

La Unión Europea (UE) está decidida a poner fin a la escasez de tierras de cultivo y que estén a disposición de aquellos que se quieran establecer en los pueblos. Porque uno de los objetivos de la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) –que gestiona las subvenciones y establece los criterios de reparto– es volcarse con el relevo generacional en el campo e incentivarlo. En España 33 expertos de distintos ámbitos y regiones han elaborado un informe que determina la situación de las tierras de cultivo en el país, su potencial, pero también sus limitaciones. En Asturias, solo un 2% del suelo agrario va para cultivos (la mayoría es forestal y pastizales) y uno de los problemas, aparte de la escasez, es el alto precio del terreno. Por ejemplo, una hectárea en las vegas que el río Nalón riega en Pravia cuesta tres veces más que la media de España. Otro handicap: para reunir un buen terreno, de unas 40 hectáreas, hay que adquirir más de 230 fincas con los correspondientes gastos de registro y notaría, además de esfuerzo de gestión. Entre las ventajas, el Principado cuenta con una gran superficie de terrenos comunales, de titularidad pública, tanto en manos de la administración como de juntas vecinales o parroquias.

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