Salvo apenas el 12 por ciento de su superficie, toda Asturias es campo. El 68 por ciento es además campo de población escasa y dispersa, elevado aislamiento, bajos niveles de renta y necesidad de atención prioritaria para huir del abandono. El Principado ha llegado a esa y otras conclusiones después de entrar con rotulador y bisturí en el mapa de Asturias para distribuir las 859 parroquias de la región en cuatro categorías según sus oportunidades de desarrollo, una urbana y tres de naturaleza agraria, como paso previo a la confección de un “traje a medida”, de una hoja de ruta adaptada a las necesidades de cada territorio en las políticas regionales de revitalización agraria.
El Comisionado para el Reto Demográfico, con la colaboración de la Consejería de Medio Rural y el auxilio de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), ha clasificado a partir de indicadores sociodemográficos, niveles de renta y estructura económica y de empleo. Les ha salido un catálogo que ve zonas “urbanas” –con el 1,65 por ciento de la superficie regional para el 71 por ciento de la población– y áreas “periurbanas” que añaden a su alrededor su 10,30 por ciento del territorio y su potencialidad agraria de abastecimiento alimentario a la ciudad o a las villas que circundan. El resto del mapa delimita un 88 por ciento de extensión netamente rural nada homogénea en la que se distinguen las otras dos categorías, áreas “intensivas” –que abarcan el 20,2 por ciento, tienen el empleo más diversificado y la actividad agraria reforzada y escorada hacia la leche y la explotación forestal– y, en el último escalón de la necesidad, las llamadas “campesinas”, que son mayoritarias, aisladas y económica y demográficamente desfavorecidas.
Sería la UVI del campo asturiano, las zonas que en la voz del consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, “más nos preocupan”. Este agro en retroceso y necesitado de atención ha conquistado el 68 por ciento del territorio regional, casi siete de cada diez kilómetros cuadrados, y abarca 483 de las 859 parroquias de la región, más de 7.000 de sus 10.594 kilómetros cuadrados en una extensa mancha que casi sin interrupción se propaga por las dos alas del mapa, sobre todo por el interior, y discurre por el sur en paralelo a la Cordillera.
El Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, resumirá que a cada una de las tres tipologías de espacios rurales debería corresponder “una política agraria distinta”. De entrada, esta catalogación del suelo rural es el diagnóstico que el Principado utilizará para adaptar su política de reanimación rural a las necesidades de cada área e identificar el alcance de la “discriminación positiva” que habrá de ser activada en zonas concretas del territorio. Eso dijo ayer Alejandro Calvo al presentar junto a Izquierdo y al director de Sadei, Ramiro Lomba, “una herramienta de trabajo que aplicaremos a nuestras políticas de manera inmediata”.
La clasificación adapta el catálogo de áreas establecido en ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la que supone la primera aplicación práctica en el ámbito autonómico, y el Consejero adelanta su incorporación a las líneas estratégicas del departamento y en particular al Programa de Desarrollo Rural, que entre otras acciones dirige la zonificación y determinación de distintas líneas de ayudas. Calvo vislumbra asimismo un instrumento “importantísimo para la elaboración de las estrategias de los Grupos de Desarrollo Rural”, que hasta ahora son a veces “parecidas en territorios con distintas potencialidades”.
Ayudará también, abunda, a plantear en términos de “discriminación positiva” las políticas de conservación del paisaje y la biodiversidad, que hasta ahora se han establecido bajo una fórmula más restrictiva. Puso como ejemplo el incremento en quince millones de euros de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) para las producciones en zona de montaña o de “Red Natura” o la esperanza de que a partir del próximo presupuesto autonómico “los municipios con espacios naturales protegidos cuenten con más recursos de manera estructural”.
Todo esto es para salvar del abandono y la despoblación al medio rural asturiano, una tarea en la que “no podemos condicionar cómo se va a poblar el territorio”, concluye Calvo, “pero sí cómo queremos que se gestione”. En el camino hacia una “política agraria distinta”, Jaime Izquierdo llama a filas a los “ayuntamientos más urbanos”, y apela a su implicación en la reactivación del ámbito periurbano como productor de alimentos para la ciudad. En la zona “intensiva”, o la de la “leche mentolada”, la de la vaca y el eucalipto, se impone la explotación del “notable margen de crecimiento” potencial que le cabe a la producción agroalimentaria asturiana. En la “campesina” –“a revitalizar” en la nomenclatura de la ley”–, una llamada a desarrollar la “multiactividad”, entendida como la producción de “alimentos de calidad”, pero también de “paisaje”, y aquí entra la concepción de Izquierdo sobre la urgencia de activar “economías locales” diversificadas “asociadas a esos territorios”. Trabajan, abunda el Comisionado, en la devolución del campo a los campesinos, en la implantación de “diferentes tipos de agricultores en el territorio”.