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Cristina González Morán Directora general de Universidad

“Ahora los solicitantes de un contrato ‘Severo Ochoa’ podrán pedirlo antes, mientras cursan el máster”

“Vamos a ayudar a centros de investigación a conseguir el sello de excelencia del Ministerio, que aporta una financiación extraordinaria; eso daría un impulso a la ciencia asturiana”

Cristina González, en su despacho de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. | Irma Collín

Cristina González, en su despacho de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. | Irma Collín

Cristina González Morán (Pola de Siero, 1977) echa “mucho de menos” a sus alumnos. Porque son, según dice, “frescura, ideas, energía, ganas de aprender...”. Pese a ello, esta ingeniera industrial no se arrepiente ni por un segundo de la decisión que tomó hace ya casi dos años: dejar las aulas de la Universidad de Oviedo para entrar en la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. González Morán es directora general de Universidad y desde su despacho de Llamaquique trabaja para aupar su institución académica. Antes de llegar al Principado, su día a día transcurría en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, donde es profesora titular del departamento de Ingeniería Eléctrica e integrante del grupo de investigación Lemur. González, con tono suave y plácido, concede su primera entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Por qué decidió cambiar la docencia y la investigación en la Universidad de Oviedo por la gestión en el Principado?

–Fue una decisión un tanto extraña porque yo no tenía ningún plan de venir a la Consejería. De hecho, recibí la llamada del Consejero (Borja Sánchez) a mediados de agosto de 2019 y yo estaba preparando el curso 19/20. No conocía de nada al Consejero. Me dijo que yo respondía al perfil que estaba buscando: una mujer, con carrera técnica y profesora de la Universidad de Oviedo. Al principio, me sorprendió muchísimo porque era una cosa con la que no contaba y, además, no sabía muy bien cómo era el trabajo de una directora general de Universidad. Pero me cogió en un momento de mi vida que ya tenía una estabilidad –hacía un par de años que había sacado la plaza de profesora titular– y me apeteció. Siempre me gustó la gestión; lo que pasa es que una cosa es la gestión a nivel de docencia y otra es llegar aquí y encontrarse con una gestión de alto nivel. La verdad es que no me arrepiento. Es una experiencia muy distinta.

–¿Cómo han ido estos dos años?

–Han sido muy complicados. Los primeros seis meses yo aquí estaba reconociendo el terreno. Y justo cuando más o menos las cosas empezaban a rodar, entramos en pandemia. Eso nos trastocó un poco todos los planes. Nos supuso, por un lado, un freno, y por otro, nos obligó a dirigir la gestión hacia otro lado. Fue un cambio radical, que además se hizo en tiempo récord. Pero estoy muy satisfecha de cómo conseguimos cerrar 2020.

–Al margen de la pandemia, ¿con qué trabas se ha encontrado en su día a día como directora general?

–La principal traba es el tiempo que lleva aquí hacer las cosas. Como profesora, como investigadora, yo estaba acostumbrada a otro ritmo y pensaba: “Es que las cosas se deberían hacer más rápido”. Y cuando entre aquí lo entendí: los procesos administrativos de gestión de los fondos públicos tienen que ser muy garantistas. Me llevé una sorpresa y ahora pienso: “Oye, pues la Administración funciona mejor de lo que creía. A lo mejor hacer las cosas más rápido no es lo mejor, sino hacerlas bien”. Y para hacerlas bien, hay que pasar una serie de filtros.

–Esa lentitud castiga a las

ayudas predoctorales “Severo Ochoa”, ya conocidas como “becas tortuga”.

–Para el solicitante de una ayuda “Severo Ochoa” es fundamental conocer el resultado de la evaluación en el menor tiempo posible. Si pudiesen ser dos meses, un mes o, incluso, dos semanas, mejor. En eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración yo lo que veo es que tenemos 200 solicitantes y, de ellos, solo van a conseguir un contrato 70. Y tengo que garantizar que esas 70 son las mejores. Esto a veces es un conflicto de intereses, pero creo que también para los jóvenes investigadores es importante garantizar que esas ayudas tengan una calidad y eso lleva un tiempo. ¿En qué hemos estado trabajando estos dos años? En garantizar que salga una convocatoria al año. En 2020, incluso con pandemia, la sacamos y las acabamos de adjudicar de manera provisional.

–¿Por qué todos los años la convocatoria se prorroga otros seis meses más? ¿Por qué no se saca una más larga desde el principio?

–Son requisitos administrativos. Nosotros, cuando sacamos la convocatoria en 2020, tenemos que poner un plazo de resolución dentro de 2020. ¿Qué sucede? Que si luego el procedimiento se nos va más allá de 2020, yo no puedo poner de inicio que pasa a 2021. Por eso sacamos una prórroga de seis meses. ¿Quiere decir esto que el proceso se va a alargar otros seis meses? No, de ninguna manera. Nosotros lo hacemos siempre en el menor plazo que podemos. Dependemos de un órgano externo de evaluación y la variabilidad puede ser de unas semanas arriba o abajo.

–¿Qué soluciones proponen para agilizar estos plazos?

–Tenemos tres medidas. La primera, mejorar la forma en que los aspirantes nos envían sus solicitudes, que a veces es un poco engorrosa. La segunda, informar en el sentido de que más o menos los jóvenes sepan desde un principio cuándo se van a poder incorporar a los contratos. Y la tercera, que es la más importante y que vamos a incluir en la convocatoria de este año, es eliminar el requisito de tener un título de máster. Hemos visto que la resolución tarda de media entre 9 y 12 meses. Por tanto, los requisitos de tener un máster y estar matriculado en un programa de doctorado los podemos pedir al final del proceso, en lugar de al inicio. De esta forma, durante esos 9- 12 meses que el solicitante está esperando, puede estar cursando un máster. Y cuando esté en disposición de incorporarse al doctorado, la ayuda ya está resuelta.

–La convocatoria de 2020 sumó cinco contratos más que en 2019, hasta 70. ¿Se mantendrán o se incrementarán este año?

–Efectivamente fue un incremento de cinco con respecto a 2019. Pero si lo comparamos con 2016, el aumento es de 26 ayudas. En 2018 hubo una prórroga presupuestaria que complicó mucho la gestión y no hubo convocatoria. Así que en 2019, para compensar ese vacío, se aumentaron los contratos de 55 a 65 y se creó una especie de compromiso para mantenerlos ahí. Nosotros el año pasado los subimos a 70 y este año las vamos a dejar ahí.

–¿Cómo son las relaciones con el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo?

–Las relaciones con la Universidad siempre han sido exquisitas, tanto con el antiguo equipo como con el actual. Con este equipo nos hemos puesto a trabajar muy rápido. Teníamos que hacerlo, además, porque la Universidad ya lo necesitaba. El balance es muy positivo.

–¿Cuáles son sus planes para la Universidad de Oviedo?

–Desde la Consejería apoyamos a la Universidad en absolutamente todo. Tanto en la parte docente, como de investigación, como de transferencia del conocimiento. Sabemos que este equipo de gobierno conoce bien la Universidad, se ha puesto las pilas y ha empezado a trabajar muy rápido. Tenemos confianza en ellos. Sabemos que el plan estratégico que están preparando es ambicioso y les vamos apoyar en todo. Esta semana salió en el BOPA el nuevo grado de Ciencia de Datos. Creemos que es una titulación fundamental para Asturias y que va a dar muy buenos resultados. Hemos visto que las empresas ya se están moviendo para ofrecer prácticas a los futuros alumnos.

–En Asturias no hay centros o unidades de excelencia “Severo Ochoa” y “María de Maeztu”. ¿Hay intención de impulsarlos?

–Sí, es uno de los planes que teníamos desde el principio y que estamos tratando de articular. Ya se lo hemos trasladado a la Universidad de Oviedo, al CSIC y a la propia Administración por el Serida. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros institutos para acreditarse como centros de excelencia? Preparar un plan estratégico y un proyecto en unas condiciones bastante complejas. Así que nosotros estamos trabajando en sacar una línea de ayudas para ayudarles a redactar esos proyectos y que tengan éxito.

–¿En qué consisten estos centros de excelencia?

–Son unos sellos que concede el Ministerio de Ciencia y que distinguen estructuras que cuenten con programas de investigación altamente competitivos y que se encuentren entre las mejores del mundo. Los centros tienen que cumplir, por tanto, una serie de requisitos que son de excelencia. Es decir, no cualquier centro está en condiciones de cumplirlos. A cambio, reciben una financiación muy importante, de hasta 2 millones de euros, y estable en el tiempo. Tener un centro de esas características en Asturias supondría un impulso fundamental para nuestra ciencia. Hay centros que están cerca de conseguirlo, así que nosotros queremos darles desde aquí un último impulso.

–Esta semana se celebró la EBAU en Asturias y hubo polémica a cuenta de la desigualdad entre comunidades. ¿Cuál es su posición?

–El Ministerio ya hace dos años que nos planteó esta problemática y el secretario general de Universidades nos dio la posibilidad de hacer un estudio. Esa desigualdad de la que tanto se habla habría que cuantificarla y ver realmente si existen esas diferencias. Es importante antes que nada hacer ese estudio. Yo no tengo datos objetivos para valorar si realmente hay muchas diferencias y, si las hay, en qué comunidades se están dando.  

–¿Cree que las clases en la Universidad de Oviedo deben volver a la presencialidad el próximo curso?

–Yo no lo estoy viviendo desde dentro, pero sí que mucha gente, tanto profesorado como alumnado, nos han trasladado que echan mucho de menos la presencialidad. Evidentemente, lo importante este curso fue mantener el servicio, con las clases a distancia, pero yo creo que la Universidad necesita volver a las aulas. 

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