La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer a los consejeros autonómicos la posibilidad de que la orden ministerial que prohibirá la caza del lobo entre en vigor antes del próximo 25 de septiembre, la fecha que estaba prevista inicialmente.
Ribera realizó ese anuncio después de que el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, le preguntara, “aunque no estaba en el orden del día”, si había elaborado ya una respuesta a la carta remitida junto a las otras tres comunidades autónomas del Noroeste –Asturias, Cantabria y Galicia– en la que se solicitaba una reunión y paralizar la inclusión del lobo en el listado de Esecies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). “La respuesta ha sido decepcionante porque ha ratificado plenamente su voluntad de que antes incluso del día 25 de septiembre se publique la orden ministerial y tenga eficacia”, lamentó el consejero castellano-leonés, que calificó de “excesiva” la firmeza de Ribera. En esa reunión telemática también estaba el consejero asturiano Alejandro Calvo.
Ahora, las autonomías más afectadas deberán decidir si recurren a los tribunales para revertir la decisión de la ministra Teresa Ribera, como habían anunciado.