Determinar si la venta de las fábricas de aluminio de Alcoa de Avilés y La Coruña fue una estafa le corresponderá a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –el caso se halla en fase de instrucción–, pero la sentencia de la sala de lo Social que da la razón a los trabajadores sobre el conflicto colectivo marca el camino. El fallo emitido este pasado martes recoge como hecho probado que “Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores” y cifra en unos 65 millones de euros (concretamente 78,3 millones de dólares) los desembolsos realizados por la multinacional desde julio de 2019, momento en que vendió las plantas al fondo suizo Parter Capital, hasta el pasado abril, cuando Grupo Industrial Riesgo llevaba ya un año como dueño.
El documento ahonda en que si bien Alcoa siguió financiando la gestión ordinaria (nóminas de los trabajadores incluidas), apenas hizo efectiva la dotación prevista para obras que revitalizaran la actividad industrial. “De las cantidades inicialmente comprometida para realización de inversiones por valor de diez millones de dólares por planta, solo se han desembolsado 3.307.239 dólares”, especifica el fallo judicial en su apartado de consideraciones.
“Parece obvio que la falta de ocupación efectiva [de la plantilla] deriva directamente y cuando menos del incumplimiento deliberado de estos compromisos de inversión y formación de los trabajadores”, prosigue la sentencia en base a los informes de la Inspección de Trabajo.
En sus investigaciones en la fábrica de La Coruña los inspectores comprobaron que “un número considerable de trabajadores” que llegó a ser “de entorno a los 130” (más de un tercio de la plantilla) se encuentra “en situación de falta de ocupación efectiva, traducida en unos niveles de ocupación diaria mínimos cuando no inexistentes” desde el momento en que se apagaron las cubas de electrólisis. Esta misma realidad se extrapola a Avilés, pues en ambas plantas la falta de tareas fue comprobada in situ por la Inspección de Trabajo.
El conflicto en Alu Ibérica (antes Alcoa) se agravó en abril del año pasado, cuando el fondo de inversión suizo Parter Capital vendió la empresa a Grupo Industrial Riesgo. La reventa “constituía una de las llamadas acciones prohibidas” –señala la Audiencia– en el acuerdo que Alcoa firmó con los trabajadores para cerrar la negociación del ERE y cuando la multinacional americana tuvo noticia oficial de la operación entre Parter y Riesgo respondió públicamente con “consternación” y bloqueó su financiación, con un depósito ante notario de 9 millones de euros. Pero finalmente lo levantó ante la simple promesa de Grupo Riesgo de que cumpliría las obligaciones que había contraído el comprador original. “Nótese que en ningún momento y teniendo facultades para ello Alcoa decide rescindir el contrato ni siquiera instar acción en demanda de daños y perjuicios”, apunta la sentencia.
