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Un cambio legislativo que podría incluir la declaración de que la pandemia terminó

Un decreto ley anulará otro anterior y podría ir acompañado de normativa autonómica

Una mascarilla tipo FFP2

Una mascarilla tipo FFP2

El próximo sábado, 26 de junio, día 26, dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en los espacios exteriores. Esta medida fue decretada inicialmente en mayo de 2020 para las situaciones en las que no era posible mantener una distancia mínima de dos metros. Comunidades autónomas y Gobierno central fueron endureciéndola para imponer su uso incluso si se respetaban los 1,5 metros de seguridad ante el repunte de contagios de covid.

Tras varios meses de debate sobre si el empleo de las mascarillas debía ser generalizado u opcional para evitar los contagios, el 21 de mayo de 2020 fue el primer día en el que los mayores de seis años se vieron obligados a utilizarlas en todos los espacios públicos –abiertos o cerrados– cuando fuera imposible mantener una distancia de seguridad de dos metros. Así lo estableció una orden del Ministerio de Sanidad, que excluía de esta obligación a personas que la tuvieran contraindicada por motivos de salud o a las que salieran a correr o montar en bicicleta.

Esta norma iba a perder su vigencia al finalizar el primer estado de alarma, el 21 de junio del 2020, pero el real decreto de “nueva normalidad”, aprobado unas semanas antes, volvió a imponer el uso de la mascarilla al aire libre, aunque redujo la distancia de seguridad a 1,5 metros. Ese decreto de nueva normalidad, convertido en proyecto de ley, tuvo una larguísima tramitación parlamentaria que acabó el pasado 30 de marzo con su publicación en el BOE.

Ahora, para poder poner fin a las mascarillas en el exterior será necesario modificar o redactar una nueva ley de “nueva normalidad”. Por el momento, no hay más datos sobre esta reforma normativa, ya que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha limitado a señalar que será una iniciativa “acorde al marco legal y de manera coordinada con las comunidades autónomas”.

Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, señala que “es bien sabido que se ha usado y abusado del decreto ley, aunque en este caso es lógico”. A juicio del profesor Huergo, “no tendría sentido tener que tramitar una ley, que es algo lento”. Surge una incertidumbre: “Veremos qué pasa ahora con las comunidades autónomas, sobre todo si se produce una evolución dispar del número de contagios (comunidades que ‘recomienden’ seguir con la mascarilla, o que, al contrario, quieran ir más allá). Como la frontera entre las competencias autonómicas y las estatales es fina, no es descartable que, como pasó en 2020, la norma estatal (única para todo el territorio) se vea acompañada después por normas autonómicas”, alerta el experto asturiano.

Otros especialistas apuntan un dato que puede complicar las cosas al Gobierno central. La Ley 2/2021, de medidas urgentes frente a la pandemia de coronavirus, establece que las medidas incluidas en el texto legal –entre las que figura el uso obligatorio de la mascarilla– “serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”. De aquí parece desprenderse que el Consejo de Ministros extraordinario del próximo jueves no solo tendrá que decir que el cubrebocas ya no es obligatorio al aire libre, sino declarar, de algún modo, que la pandemia ha concluido. “¿Y si se producen repuntes después de eso? ¿Se hará otro decreto ley?”, se preguntaban ayer algunos expertos.

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