Plantar batalla hasta el final es lo que anunciaron el sector ganadero y los sindicatos agrarios en Asturias tras conocer, meses atrás, que el gobierno de España tiene la firme determinación de declarar al lobo especie protegida al norte del Duero. Esto se traduce en la modificación del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para que el animal esté protegido en toda España, y no solo al sur del río Duero como hasta ahora, lo que impedirá hacer batidas para controlar la población.
A tal trámite para cambiar el Lespre ha presentado alegaciones de forma conjunta COAG y ASAJA, con la idea de frenar la protección del cánido porque, básicamente, consideran que la especie no está en peligro, sino todo lo contrario. En sus escritos, las organizaciones (dirigidas en Asturias por Mercedes Cruzado y Ramón Artime, respectivamente) consideran que la decisión “carece de rigor democrático y jurídico”.
Ambos sindicatos reiteran que el dictamen del Comité Científico no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas ya que ha sido respaldado por aquellas que no sufren la problemática del lobo en su territorio y no se ha tenido en cuenta el parecer de las realmente afectadas, como son Asturias, Galicia, Cantabria o Castilla y León, que van de la mano en su defensa de que el lobo no sea protegido.
Además, ASAJA y COAG inciden en que los censos que se llevan a cabo demuestran un aumento de las manadas, “lejos por lo tanto de la extinción de la especie” y que esta medida provocará la extinción de las ganaderías “y con ello de una fuente de riqueza y poblamiento de las zonas rurales”. A su juicio, resulta paradójico que un Ministerio que gestiona el reto demográfico (la medida es de Transición Ecológica, en manos de la ministra Teresa Ribera) tome medidas encaminadas al despoblamiento rural, “lo que pone de manifiesto una vez más, la absoluta ignorancia de los legisladores que dictan normas desde sus despachos sin tener en cuenta a los interlocutores afectados y sin preocuparse de conocer la situación real del sector al que dirigen la norma”.
ASAJA y COAG se suman así a Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia que el pasado viernes presentaron sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica.
Por su parte, el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, reiteró que se ha solicitado al ministerio que desarrolle los instrumentos jurídicos precisos para que el Plan de Gestión de Asturias pueda desarrollarse en todos sus términos, incluidos los controles poblacionales, y ha reiterado la necesidad de recuperar el consenso.
En mayo, se anunció el calendario para hacer efectiva la protección del lobo, algo que ha alegrado a las organizaciones conservacionista, que llevan años demandando tal acción. La idea es que el lobo deje de ser especie cinegética “en fecha no posterior al 25 de septiembre de este año”.
