La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha cerrado esta mañana las comparecencias en la Junta de los responsables de departamentos del Gobierno que tendrán mano en el reparto de los fondos europeos de recuperación y resiliencia poniendo el foco en los 61,7 millones de euros que el Principado tendrá a su disposición hasta 2023 para apoyar su propósito de amplio espectro de transformar casi por completo el sistema asistencial de los servicios sociales. Serán diecisiete este año, 21 y 22 en cada uno de los siguientes, y la mitad se irá en la mejora de la atención en las residencias y centros de día públicos, concertados y privados.

La Consejera adelantó para las “próximas semanas” la suscripción del convenio con el Ministerio de Derechos Sociales que permitirá la recepción de los fondos y detuvo la foto fija de la situación actual en la consideración de que por ahora únicamente “tenemos diseñadas las líneas estratégicas de las colgarán los proyectos singularizados” que ejecutarán ayuntamientos, empresas o entidades del tercer sector”. También desgranó Álvarez como propósitos de esta partida el acogimiento de iniciativas para mejorar la atención domiciliaria y el envejecimiento en casa, la “digitalización del sistema de servicios sociales, la innovación social, el fomento del acogimiento de menores y la accesibilidad”. Se refirió igualmente a los 82 millones que su Consejería gestionará para invertir en políticas de rehabilitación de vivienda –pendiente de un convenio que se firmará en septiembre– y puso la misma fecha límite para la concreción del capital que recibirá el Principado –de los trescientos millones disponibles en toda España– para el fomento de la inclusión laboral de los beneficiarios del ingreso mínimo vital.

Se ganó con todo ello el reproche generalizado y unánime, en algún caso preventivo, de los grupos parlamentarios de la oposición, que lamentaron lo “precipitado” y lo inconcreto de estas comparecencias parlamentarias de los consejeros y censuraron al unísono la falta de información disponible. El mecanismo parlamentario de rendición de datos es “extraordinariamente deficiente”, dijo el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé. “Hay mucha indefinición y vaguedad, falta muchísima información y muchas respuestas”, le acompañó el parlamentario de IU Ovidio Zapico y mientras Rafael Palacios (Podemos) recordaba que “la falta de transparencia y control social fue clave para el naufragio de los fondos mineros”, la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé confesaba, en una línea similar, sentir “miedo” ante “la experiencia de gestión de otros gobiernos socialistas” y la perspectiva de un reparto de fondos el que “Asturias no se puede permitir el lujo de volver a desperdiciar tantos millones en ayudas”. “Agradecemos que comparezcan a petición propia”, dijo Pedro Leal (Foro), “pero esperamos que nos vengan a contar algo”, mientras la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco lamentaba que “su información resulta bastante opaca y poco clara”.