El Gobierno asturiano buscará un “frente común” con otros gobiernos autonómicos para hacer “más fuerza” en la negociación de la nueva financiación autonómica. La iniciativa de los socialistas catalanes (PSC) de plantear una financiación federal que prime a Cataluña, Valencia y Baleares no altera la hoja de ruta que el Principado ya diseñó hace justo ahora un año cuando acordó con todos los partidos de la oposición, excepto Vox, una postura para acudir al debate del nuevo sistema de financiación con una “voz única”. Y lo que exigen ahora algunos partidos firmantes de aquel documento al presidente del Principado, Adrián Barbón, es que alce la voz y rechace “negociaciones parciales y bilaterales” que den prioridad y más peso en el reparto de la futura financiación a unas regiones sobre otras.
Asturias recibe este año del sistema de financiación autonómica 3.081 millones de euros, que suponen algo más del 71 por ciento sobre los ingresos no financieros; es decir, los recursos disponibles para este año sin tener en cuenta las partidas procedentes del nuevo endeudamiento. De cada cien euros que destina el Principado a la cobertura de sus servicios básicos casi 76 proceden de las partidas procedentes del sistema de financiación, tanto de las entregas a cuenta como de las liquidaciones correspondientes a ejercicios anteriores.
El Ejecutivo de Barbón se remitió ayer al pacto suscrito con la oposición y eludió pronunciarse sobre los planes del PSC. “El planteamiento del Gobierno de Asturias sobre la reforma de la financiación es el que recoge el acuerdo firmado con todos los grupos parlamentarios que creen en el Estado autonómico. En el se fijan con toda claridad nuestros criterios, y de ahí no nos movemos”, afirmaron desde el Ejecutivo autonómico.
¿Y qué recogía ese documento, que va a ser la hoja de ruta del Principado en este debate? En primer lugar, reclamaba una reforma “urgente” y admitía que será “necesario fomentar y buscar el acuerdo con todos aquellos territorios que compartan intereses y con unas características similares”. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, llegó a plantear que esas alianzas suponían una palanca para hacer “más fuerza”. Los aliados tradicionales del Principado en financiación han venido siendo Galicia y Castilla y León, una alianza que goza de buena salud, según han reconocido los respectivos presidentes autonómicos, independientemente de que esas dos comunidades cuenten con gobiernos del PP. Pero, probablemente, la discusión sobre el reparto de los recursos para los servicios públicos sea la más ajena a los postulados ideológicos de cada partido. El pacto alcanzado en Asturias reclama que se “garanticen los niveles de gasto para la cobertura de los servicios públicos”, así como la igualdad en todos los territorios y para todas las personas en el acceso a la sanidad, las prestaciones sociales, la atención a la dependencia y la educación. El Principado defenderá que la inversión pública del Estado “se distribuya entre territorios en función de criterios claros y objetivos”, y que “se corrijan las desigualdades generadas como consecuencia del aislamiento respecto al resto de la península”.
Dolores Carcedo, la portavoz del PSOE en la Junta, confirmó ayer que “Asturias planteará y defenderá” estos criterios cuando se abra la negociación. Pablo González, portavoz adjunto del PP, tachó de “temeridad” reformar el modelo “en un ciclo económico de crisis”. En su opinión, la única solución es oponerse a que haya ganadores y perdedores, “mediante un frente político común en Asturias y mediante alianzas con otras autonomías a las que Sánchez quiere arrinconar”. El diputado popular instó a Barbón “a que deje de hacerle la pelota a los ministros para empezar a defender los intereses de los asturianos”.
Ignacio Cuesta (Cs) consideró “llamativo” que la propuesta del PSC llegue “solo unos días después de los indultos” y antes del encuentro de Sánchez con el presidente de la Generalitat, “para contentar a los secesionistas”, y emplazó a Barbón a defender en Madrid un sistema de financiación “que evite ciudadanos de primera y de segunda en función del territorio donde residan”. Daniel Ripa (Podemos) advirtió que esta reforma “no puede agravar las desigualdades que ya sufren territorios como Asturias” al tiempo que reivindicó que se aumenten los recursos.
Adrián Pumares (Foro) afirmó que Barbón “debe alzar la voz y reclamar un trato justo”, y recordó que “cada vez que hay modificaciones en la financiación, Asturias sale perjudicada”. Ángela Vallina, de IU, pidió “impulsar” el pacto alcanzado en Asturias y dijo que su coalición “rechaza negociaciones parciales y bilaterales porque el Estado debe estructurarse con todos”. Vox, único partido que no está en ese acuerdo, cargó “contra la sumisión del presidente del Principado a Pedro Sánchez, que solo trae problemas a Asturias”. Y vaticinó que “Asturias será la damnificada en la financiación autonómica”.
