A los ayuntamientos asturianos esta crisis les va a salir a devolver, y lo saben. El impacto del coronavirus en los ingresos tributarios del Estado les hace empezar a tomar precauciones contra los reintegros que Hacienda les exigirá cuando lleguen las liquidaciones del sistema de financiación local correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, que a buen seguro saldrán negativas en comparación con los anticipos que recibieron sobre la base de un cálculo de recaudación concebido por adelantado para dos años normales, sin pandemia. La certeza de que tendrán que reembolsar dinero a la Hacienda estatal, y de que esa obligación se les presentará en una situación económica muy deteriorada por los estragos del coronavirus, ha llevado a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) a empezar a pedir por adelantado flexibilidad en las condiciones de la devolución.
La presidenta de la organización que agrupa a los alcaldes de la región, Cecilia Pérez, propondrá en la reunión que su Comisión Ejecutiva tiene programada para mañana la adopción de un acuerdo para intentar que el reembolso se plantee con tres condiciones básicas para hacer más llevadera la carga: garantizar dos años de carencia para el pago y establecer un calendario de reintegro del dinero a largo plazo en el que no se computen intereses de demora.
La petición se hará llegar al Ministerio de Hacienda y para que la defienda y haga fuerza también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El propósito es tratar de adelantarse a un problema que se sustanciará el próximo año, toda vez que las liquidaciones de la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios del Estado y su cotejo con los anticipos a cuenta se efectúa con dos años de margen, y amortiguar así la repercusión que la crisis del covid-19 puede seguir teniendo en las maltrechas arcas municipales.
Algunas fuentes cifran en 3.000 millones de euros la cantidad global que los ayuntamientos de toda España tendrán que reembolsar a Hacienda por el ejercicio de 2020, y mientras en Asturias echan cuentas del posible quebranto sin llegar aún a un cálculo definitivo optan por adelantarse y pedir tiempo. Porque si la devolución procede de una disminución de los ingresos tributarios del Estado como consecuencia de la crisis, argumentan, también las recaudaciones de los ayuntamientos se han visto considerablemente menguadas desde el año pasado.
Ahora intentan evitar un quebranto que ya conocen desde la crisis de 2008, cuando la discordancia entre lo previsto y lo recaudado les obligó ya a devolver dinero a lo largo de tres ejercicios consecutivos. Ahora, el previsible desfase entre los fondos que el Estado adelantó a los ayuntamientos, calculado sobre la base de una previsión de comportamiento de la economía muy distinto del que tuvo en realidad, y la recaudación tributaria real volverá a tener su doloroso reflejo en la obligación de devolver parte de lo recibido. Lo mismo sucederá con las comunidades autónomas, que han de prevenirse contra su propio quebranto al confeccionar sus presupuestos para 2022, y que podrían tener que repartirse unos 5.000 millones en devoluciones.
El caso es que en los ayuntamientos llueve sobre mojado sobre todo después de la batalla política del verano pasado a cuenta de las pretensiones del Gobierno sobre las condiciones de uso de los remanentes y superávits municipales. Aquello desembocó en una sonora derrota del Ejecutivo en el Congreso que no aplacó el enfrentamiento con los ayuntamientos de fuerzas distintas al PSOE. Después vino la reiterada petición de los alcaldes, aún sin respuesta, sobre la habilitación de un “fondo covid” de reconstrucción local cifrado precisamente en 3.000 millones de euros y esta asunción de que la pandemia les va a obligar a devolver dinero al Estado.
