El colectivo de funcionarios autonómicos Conceyu por Otra Función Pública en Asturias tachó ayer de “contrarreforma reaccionaria” el anteproyecto de ley de Empleo Público del Principado, que el Gobierno tiene previsto presentar y explicar mañana jueves a los sindicatos con representación en la administración regional. Sostiene que varios objetivos de la nueva ley, elaborada por el equipo del vicepresidente Juan Cofiño, como el refuerzo de la libre designación o la recuperación de la figura de coordinador, que ya estaba en la ley autonómica actual aunque no llegó a desarrollarse, suponen “una reacción normativa para frenar los procesos de democratización de la carrera profesional de los empleados públicos”.
La nueva ley de Empleo Pública es uno de los pilares de la reforma de la administración del Principado que el presidente autonómico, Adrián Barbón, encargó al vicepresidente Cofiño hace poco más de un año. El Gobierno socialista defendió que esta reforma legislativa era imprescindible para la modernización de la administración del Principado pero el colectivo de funcionarios autonómicos denuncia que contenidos de la futura norma suponen una vuelta a procedimientos y hábitos del pasado y consideran que esta futura normativa es un intento de embridar “los resultados del primer concurso de méritos de la historia de la Administración del Principado para cubrir jefaturas de servicio y otros puestos similares”. En concreto cuestionan que ese anteproyecto pretenda dar una cobertura jurídica a los nombramientos a dedo, de entre el personal funcionario, para determinados puestos. “Parece indudable que las cabezas pensantes de la Función Pública del Principado, que son las mismas que ya mandaban hace treinta años, no están digiriendo bien los resultados que podrían salir del concurso de méritos para un millar de jefaturas que está en tramitación y ya han puesto en marcha la maquinaria de desactivación por la vía berlusconiana de una ley a la carta”, sostiene este colectivo de funcionarios, que tiene entre sus miembros a juristas.
“Fidelización funcionarial”
También formulan una enmienda de totalidad a la reactivación de los coordinadores, que se plantea en este anteproyectos. “Es una especie de funcionarios-comisarios con rango de subdirectores generales, con funciones de coordinación de los jefes de servicio. Aquí la coordinación se usa como eufemismo para hablar del control político directo (...) Tiene bemoles que en pleno proceso de desburocratización del empleo público se anuncie la creación de una nueva estructura elitista de puestos a dedo, subdirectores generales, que solo se justifica como mecanismo de fidelización de los altos funcionarios”, argumenta el colectivo Conceyu por Otra Función Pública.
