El Gobierno regional quiere establecer un sistema de evaluación para algunos funcionarios, de modo que puedan percibir una mejora salarial a cambio de un control sobre el cumplimiento de objetivos, según señala el borrador del anteproyecto de la ley del Principado de Asturias de Empleo Público, a la que ha tenido acceso este periódico. Será, probablemente, un órgano ajeno a cada área el que evalúe en cada puesto cómo se han cumplido los objetivos fijados, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA en junio del pasado año.
El Ejecutivo se plantea que exista una importante bolsa económica, establecida en los presupuestos autonómicos, que se repartirá entre los funcionarios de aquellos puestos que el Gobierno considere estratégicos para cumplir los objetivos de la Administración. De ese modo se pretende que ciertos puestos que económicamente resultan infravalorados respecto a otros semejantes de la empresa privada puedan también resultar interesantes para profesionales externos. Será cada consejero el encargado de aprobar los complementos de productividad asociados a cada puesto de trabajo, y en la aplicación se habrá de tener en cuenta “la cantidad y calidad del trabajo desarrollado”.
Además, el anteproyecto establece la figura de los futuros subdirectores generales, funcionarios de alta cualificación que optarán a un escalafón intermedio entre el jefe de servicio y el director general del área, y que serán los encargados de impulsar la actividad en la Administración y garantizar el cumplimiento de los objetivos, tratando de asemejar el funcionamiento de los servicios públicos a los criterios de eficacia y resultados de la empresa privada.
Los sindicatos recibieron ayer el borrador de casi un centenar de páginas del anteproyecto de ley del Principado de Asturias, con el que el Gobierno regional intentará renovar la estructura de la administración para hacerla más funcional, efectiva y eficiente. Este documento, que se empezará a discutir en el mes de septiembre, aborda los principales objetivos de una reforma que busca actualizar la norma que data de 1985.
La propuesta del Principado incorpora la figura del “personal directivo profesional”, formado por funcionarios del Grupo A, que desempeñarán el puesto de subdirector general y que tendrán “especial responsabilidad en su gestión, al estar ésta sujeta a rendición de cuentas y control de resultados, con arreglo a parámetros y criterios objetivos”. Este cargo será nombrado por libre designación y será evaluado sobre el desempeño de su ejercicio profesional, así como su capacidad para cumplir el programa anual de objetivos, que será establecido por el órgano que le designó para el cargo. Estos funcionarios, tendrán además que “proponer nuevas actividades de mejora o innovación”.
Las subdirecciones generales tendrán bajo su mando un grupo de áreas interrelacionadas (hasta un máximo de cuatro), con el objeto de garantizar una mejor coordinación y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. Las subdirecciones generales no se establecerán de un modo amplio en la administración autonómica, sino solo en aquellos ámbitos que conlleven una actividad de gestión que el Ejecutivo considere estratégica.
Una de las cuestiones más novedosas de la norma será la implantación de incrementos retributivos destinados a incentivar a aquellos funcionarios de los grupos A1 y A2 que cumplan ciertos objetivos de productividad. Para ello se fija un complemento “que tendrá en consideración el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos”.
El planteamiento del Ejecutivo, según se extrae del texto del propio borrador de la ley, es que este “extra” no termine por consolidar derechos retributivos y que sean evaluados de manera objetiva y externa, aunque conociendo las circunstancias en las que se llevó a cabo el desarrollo de la actividad en cada caso.
No se trata de un planteamiento inédito, sino que ya se ha venido aplicando en algunos puestos de la administración general del Estado, concretamente vinculados a las áreas de Justicia o Hacienda.
Los planes de incentivos buscan también hacer más atractivos ciertos puestos estratégicos de la administración que ahora no suponen ningún aliciente para quienes pudieran optar a él desde una oposición ni quienes pudieran desempeñarlo mediante un traslado desde sus actuales responsabilidades en la Administración.
El gobierno regional ya se ha visto en algunos casos en la situación de que la dificultad para cubrir una plaza vacante, necesaria para impulsar algunas actividades de la administración, terminaba por bloquear trámites burocráticos y establecer retrasos.
El borrador del anteproyecto de ley no solo se limita a estos aspectos, sino que también persigue actualizar otras cuestiones relativas a la organización de la administración autonómica. Así, por ejemplo, redefine las cualidades de ciertos puestos, estableciendo nuevas escalas o titulaciones.
También se establece la regulación del Plan de ordenación de recursos humanos como instrumento de planificación a medio y largo plazo de los medios personales. Y en la provisión de los puestos de trabajo se mantiene la tendencia a reducir la libre designación “tanto cuantitativa como cualitativamente”. Además, se realizar una regulación más detallada de los procedimientos para cubrir puestos de manera temporal para evitar futuras complicaciones jurídicas. La norma regula con detalle los supuestos en los que cabe la apertura de puestos de trabajo al personal funcionario de otras Administraciones Públicas.
El objetivo de este anteproyecto, que aún habrá de ser negociado con los sindicatos y que se someterá a exposición pública en los próximos días, será lograr una administración más eficiente y con capacidad para adaptarse a los retos de cada momento.
Los sindicatos aplazan su valoración, pero anticipan que presentarán alegaciones
Los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración autonómica recibieron ayer los borradores del anteproyecto de ley del Principado de Asturias relativa al Empleo Público: realizaron copias para sus representantes y aplazaron las primeras impresiones hasta haber leído con sosiego un documento de casi cien páginas, que consideran extenso. Únicamente UGTseñaló haber realizado ya una lectura del texto y pudo señalar que, si bien gran parte de los aspectos del documento los comparte preparará una serie de alegaciones, en especial relativas a la modificación de algunas escalas. Las negociaciones con las centrales se desarrollarán en el mes de septiembre. El sindicato CSIF lamentó no haber participado “desde el inicio” en la redacción del borrador. “Todos estamos de acuerdo en que la Administración de hoy no tiene nada que ver con la de 1985 y todos creemos que se necesita reformar esa ley”, señaló el sindicato. Comisiones Obreras también se tomará tiempo para analizar el documento y destacó su extensión y prolijo articulado. Cuestionó, en la primera impresión, que los complementos de productividad no se destinen a todos los trabajadores, pero emitirá su parecer más adelante. El sindicato USIPA también prefirió aplazar sus primeras impresiones.
Las novedades
Retribución por objetivos. El anteproyecto entregado a los sindicatos establece la implantación de un complemento de productividad que podrán percibir algunos puestos que se consideren estratégicos para los objetivos de la Administración. Una vez aprobada la ley, se establecerá en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior el citado complemento, destinado a los funcionarios de los grupos A1 y A2. Será la ley de Presupuestos la que establece la cuantía total del crédito destinado a este fin. Finalmente, el consejo de Gobierno aprobará cuáles serán los criterios para optar a ese complemento y será el titular de cada consejería quien determine las cuantías para cada caso.
Subdirectores generales. La norma también establece la figura del subdirector general, un cargo que ocuparán funcionarios de alto nivel y que se situarán entre los jefes de servicio y el director general (cargo político). Este nombramiento será de libre designación, aunque sujeto a criterios de mérito y capacidad. Estos cargos estarán evaluados para comprobar el cumplimiento de los objetivos así como su implicación para optimizar la eficiencia de la administración autonómica.
