La primera “cata” en el boceto de la nueva ley de Empleo Público del Principado lleva a algunos trabajadores a la conclusión de que están ante una norma “hecha por y para la aristocracia funcionarial”, para una élite nombrada “a cambio de fidelidad personal y profesional”. Los adscritos al Conceyu por otra Función Pública n’Asturies ponen como primer ejemplo la nueva figura de los subdirectores generales, altos funcionarios “nombrados a dedo” que se prevén insertados en los organigramas entre el director general (cargo político) y el jefe de servicio (funcionario), y que se adelantan, a los ojos del colectivo de trabajadores, como “desatascadores de asuntos delicados, particularmente cuando un jefe de servicio nombrado por concurso y no sujeto a relaciones de confianza plantee objeciones de legalidad”. Instaurando estos cargos, que carecen de precedentes en Asturias, interpretan que el poder político trata de “contrarrestar los inconvenientes que le puedan ocasionar los jefes de servicio por concurso de méritos, que no pueden perder el puesto por falta de confianza política”.
Tampoco les convence el “boquete” que la norma abre en su preferencia generalizada por el concurso de méritos como método de provisión de las jefaturas de servicio. El anteproyecto abre la puerta a la libre designación –el nombramiento “a dedo”– para algunas de ellas, aquellas “que tengan el nivel más alto de complemento de destino” y con funciones de “mayor margen de discrecionalidad y responsabilidad”. Sabiendo que el abuso de este método en el Principado ha sido objeto de litigio judicial y de jurisprudencia del Supremo exigiendo concursos de méritos, el Conceyu entiende que la Administración se sigue reservando una vía para excluir del concurso “a aquellas jefaturas que quiera tener controladas”.
El colectivo confluye además con la valoración de los primeros sindicatos que han evaluado la norma y también hace visible su convicción de que el complemento de productividad que prevé la nueva ley nace demasiado restringido. Consideran “muy llamativo” que se prevea en exclusiva para los más altos funcionarios y que excluya de entrada a “administrativos, ordenanzas y, en general, a la mayor parte de los empleados públicos”.
Estos incentivos salariales, por lo demás, “han resultado un fracaso en muchos de los países donde se implantaron”, resaltan, “por los elevados costes y la burocratización indeseable que generan, los deficientes resultados conseguidos en cuanto a la mejora de la eficiencia y el pésimo clima de trabajo que generan”. Tanto que hasta “la UE decidió prescindir de estos complementos”, avanzan. En el capítulo de preceptos llamativos, el Conceyu incluye también el establecimiento de “un régimen retributivo especial para los funcionarios con puesto de alto cargo”. Según una regla que ya está vigente en la resolución que tutela las retribuciones del personal, al complemento específico que perciben por su cargo se acumula “el de carrera profesional que tuvieran consolidado”, algo que a juicio del colectivo es “un privilegio más que refuerza esa aristocracia funcionarial” que se erige en “piedra angular de la estructura de poder de la burocracia asturiana”.
