En el Principado “no existen élites funcionariales. Hay trabajadores más o menos cualificados”. Con esa premisa de partida, respuesta a algunas de las críticas que ha despertado su anteproyecto de ley de Empleo Público, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, justificó el plus que el texto reserva para los más altos funcionarios de la plantilla. Defendió la institución del complemento salarial, que se presenta como un incentivo “por productividad”, y sus destinatarios –los licenciados y diplomados de los grupos A1 y A2– invitando a considerar que “las personas más cualificadas de la función publica asturiana están claramente desfasadas en términos de retribución con respecto a los profesionales homólogos del sector privado”.

Esta parte del proyecto legislativo, entendida como una tentativa de “recualificar puestos de trabajo, no personas” a través del salario, viene a tratar de paliar los “muchísimos problemas que estamos teniendo para encontrar trabajadores que desempeñen funciones especialmente cualificadas”. La Administración, sigue Cofiño, no encuentra “los profesionales adecuados en determinados grupos que son de especial interés para la gestión ordinaria de las cosas”.

El Vicepresidente, que ayer expuso los pormenores del borrador a la Federación Asturiana de Concejos (FACC), precisa que la figura nace “sujeta a negociación” y protege también la otra parte del proyecto que más recelos ha levantado entre las plantillas públicas, los subdirectores generales elegidos por libre designación y enclavados en los organigramas entre el director general (cargo político) y el jefe de servicio (funcionario). A las acusaciones de quienes interpretan que se pretende insertar un instrumento más de “control político” en la Administración opone el Vicepresidente que la entrada de estos nuevos altos cargos se plantea en el texto “de forma muy restringida” y en modo alguno generalizable, que estará condicionada a “aquellos ámbitos de gestión complejos en los que (el subdirector) tenga bajo su mando al menos cuatro jefaturas de servicio” y a que éstas estén vinculadas además por “una materia común”. Serán elegidos entre funcionarios del grupo A, reseña Cofiño, por lo que “la libre designación es restringidísima”.

También en cuanto a los jefes de servicio, precisa, entrando en otra de las zonas controvertidas, donde vaticina que los nombramientos “a dedo” serán “pocos y justificados”. Percibe el Vicepresidente en determinados foros, “muy pocos”, una asociación de este sistema de provisión de puestos a “una mala fama de la que no encuentro las razones últimas”, remata.

La intención del Gobierno sigue siendo ampliar las presentaciones informales del texto legislativo a determinadas instituciones –han pasado las organizaciones sindicales, ayer llegó el turno de los ayuntamientos– para iniciar la negociación formal con sindicatos y grupos políticos a partir del 1 de septiembre y que el texto pueda llegar a la Junta en torno a finales de año. El anteproyecto estará a información pública a partir del próximo lunes.

Las polémicas de la ley


El complemento. Se presenta como un plus “de productividad” y se restringe expresamente a altos funcionarios del grupo A1 y A2, diplomados y licenciados de los cuerpos superiores y medios. Algún sindicato y colectivo de funcionarios han visto una discriminación respecto a los niveles inferiores, donde está la mayoría de los empleados.

Los subdirectores generales. El nuevo cargo, entre el director general y el jefe de servicio, será nombrado por libre designación, lo que ha levantado alguna sospecha de “control político”.

La libre designación. Se prefiere como norma general el concurso de méritos, pero se mantiene este sistema para determinados puestos de jefatura de servicio clasificados con el más alto nivel.