La directora general de Salud Pública del Gobierno balear, Maria Antònia Font, ha sido citada por un Juzgado de Palma para declarar en calidad de investigada (imputada, según la jerga jurídica anterior) por decretar el confinamiento obligatorio de jóvenes en viajes de estudio que habían tenido contactos con infectados de covid-19. Font ha sido llamada por el Juzgado de instrucción 12 de la capital balear para que preste declaración a raíz de una querella de familiares de jóvenes confinados en la que se le atribuye el delito de detención ilegal.
