Con suspense y concesiones de última hora, por la mínima y gracias al cambio in extremis del voto de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el Gobierno sacó adelante en el Congreso el real decreto con el que tratará de rebajar la aguda temporalidad en el empleo público. La convalidación de la Cámara Baja estuvo en duda hasta horas antes de la votación por las reticencias de algunos de los socios de investidura del Ejecutivo de coalición, pero se hizo realidad por un voto y gracias al viraje de ERC a cambio de un acuerdo que debe materializarse en la tramitación del decreto como proyecto de ley –de aquí a mediados de octubre, dice Esquerra; antes de finales de ese mes, según el Gobierno– y que despierta algunos recelos y perplejidades en la representación sindical de la función pública asturiana. En esencia, el Gobierno acepta permitir que determinados interinos, los que lleven al menos diez años ocupando una plaza estructural para la que nunca se haya convocado una oferta de empleo, puedan adjudicársela sin necesidad de superar una oposición, con una valoración de méritos.
Como guiño a Esquerra, e incluso a su socio de Gobierno, porque ni siquiera Unidas Podemos tuvo claro su voto favorable hasta la mañana de ayer, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también acepta que los exámenes que se convocarán para estabilizar las plazas de los interinos pueda no ser eliminatorio, aunque la última palabra permanecerá en manos de las comunidades autónomas. Es ésta una demanda de los morados que pretende evitar los posibles perjuicios que de otro modo sufrirían las personas con muchos años de experiencia en la administración, que se verían obligadas a jugársela a una sola carta y ahora irían al examen con colchón: decidiría una media de calificaciones y podrían hacer valer su mejor nota en oposiciones anteriores.
Con la adición de estas promesas a las condiciones ya previstas, el decreto que pone las condiciones para sacar a concurso unas 300.000 plazas de aquí a diciembre de 2024 triunfó ayer por un solo voto. Bildu se desmarcó del bloque de socios del Ejecutivo y votó en contra igual que Junts, PdeCat, Ciudadanos, PP y Vox, entre otros, mientras PNV y Más País se quedaban en la abstención. El texto aprobado mantiene la indemnización de veinte días de salario por año trabajado, hasta un máximo de doce meses, para los interinos que no superen la prueba, o la valoración del tiempo trabajado por los interinos fijada en un 40 por ciento durante el proceso de selección.
La ministra de Hacienda y nueva responsable de función pública, María Jesús Montero, defendió y reformó en la Cámara Baja el proyecto armado y negociado por su antecesor, Miquel Iceta, con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF. Soportó los ataques de una buena parte de la oposición y el fuego amigo de algunos de sus socios de investidura y respiró aliviada cuando ERC confirmó el apoyo decisivo. Sin embargo, esto no es el final. Ni mucho menos. Vox –por la boca del diputado asturiano José María Figaredo– anuncia recurso al Tribunal Constitucional. Además, las modificaciones habrán de materializarse en el trámite del decreto como proyecto de ley y ya despiertan cierta suspicacia y alguna sorpresa en los sindicatos asturianos.
En medios sindicales sorprende que se admita la posibilidad, “extraña” y según algunas fuentes legalmente cuestionable, de alcanzar una plaza fija sin que medie proceso selectivo. En la explicación de la Ministra, la puerta que se abre para los interinos de más de diez años hace uso del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que frente a la preferencia generalizada por la oposición admite “con carácter excepcional” y “en virtud de ley”, un “sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.
De entrada, la exención de oposición para los interinos de más de diez años suena “extraña” en los oídos de Borja Llorente, secretario general de Enseñanza en CC OO de Asturias, que vaticina “un impacto limitado” en la región de las innovaciones acordadas ayer. “Como mucho”, adelanta, “cada autonomía podrá eximir a los interinos de la obligación de presentarse al examen para entrar en la bolsa de temporales”, pero eso ya lo regula ahora de forma diversa cada una. Por otro lado, la simplificación de las pruebas y los exámenes que hacen media y compensan con resultados pasados no son “algo novedoso, ya se aplicó en estabilizaciones anteriores”, y además el EBEP “deja claro que la sanidad y educación –sectores a los que pertenecen 31.000 de los 39.000 trabajadores públicos asturianos– se rigen por normativa propia”, por lo que el efecto quedaría muy atenuado.
Las nuevas condiciones
- Interinos con más de diez años. El Gobierno promete permitir su acceso a la plaza sin oposición, con una valoración de méritos, siempre que ese puesto no haya salido nunca a convocatoria pública.
- Pruebas no eliminatorias. La otra novedad comprometida ayer dejará en manos de las autonomías la posibilidad de decidir que el examen de las pruebas que se convocarán para estabilizar a los interinos no sea eliminatorio. Los trabajadores temporales con años de servicio podrían hacer media con los resultados de otras pruebas anteriores.
- Los exámenes. El decreto convalidado ayer exige que las convocatorias de las ofertas de empleo para estabilizar a unos 300.000 interinos en toda España deben finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
- La indemnización. Los trabajadores que no superen las pruebas y los que rebasen el plazo máximo de tres años de interinidad en el puesto tendrán derecho a una compensación equivalente a veinte días de salario por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades.
- La experiencia. Los años de servicio pesarán un 40% en los procesos de selección.
CSIF valora positivamente la convalidación y pide a los grupos que durante la tramitación legislativa que se avecina garanticen “la seguridad jurídica de los procesos selectivos”. UGT declinó hacer valoraciones por el momento y en el bloque sindical radicalmente opuesto al decreto desde su origen, Antonio Navarro, presidente del sindicato de trabajadores temporales de Asturias, aprecia tras la convalidación del decreto “las presiones de sindicatos que han sido lo suficientemente fuertes para convencer a varios partidos para que se echen atrás”. Lamenta que se consagre una suerte de discriminación, un “tratamiento especial ilógico” entre unos trabajadores y otros y vuelve a reivindicar la consolidación de los puestos ocupados “en fraude de ley” o la “sanción disuasoria”, “como manda Europa”.
Desde SUATEA perciben “avances muy modestos que no solucionan el problema ”. El decreto lo “agravará aún más” vaticinan, “ya que sanciona a los trabajadores en abuso de temporalidad con el despido si no aprueban unas oposiciones a las acudirán en inferioridad de condiciones”.
El Principado proclama en su nueva ley la preferencia por el examen
La Administración asturiana valora en positivo el decreto y aplaza “por prudencia” la evaluación del resto de las medidas
El borrador de anteproyecto de ley de empleo público recién elaborado por el Principado proclama la preferencia de la administración asturiana por la oposición como método de provisión de puestos y sólo excepcionalmente por el concurso-oposición. Los nuevos planes del Gobierno central, que plantean eximir del examen y adjudicar plazas por concurso a determinados interinos con diez años de experiencia, podrían llevar a pensar en la posibilidad de tener que matizar este precepto. Además, el Principado tendrá que decidir si admite la opción adicional de permitir que las pruebas que se convoquen no sean eliminatorias, pero aún es pronto.
Fuentes del Ejecutivo manifestaron ayer su intención, “por prudencia y por rigor”, de esperar a conocer en profundidad la nueva legislación estatal para “analizar sus posibles consecuencias sobre la Administración autonómica, por ejemplo sobre el número de personas afectadas y cómo puede repercutir en las próximas convocatorias de empleo público. Es una cuestión técnicamente compleja”, avanzan, “ante la que no conviene pronunciarse a la ligera”.
Al tiempo, el Principado aprecia en positivo cualquier iniciativa que aporte seguridad jurídica y “una base legal sólida” a su objetivo de reducir la temporalidad –al 8% este año– y ratifica “todos sus compromisos respecto a la reforma de la Administración”.
