“La nueva PAC (Política Agraria Común) será más justa, más social y más sostenible”, señaló esta semana el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación de su propuesta al Consejo de Ministros y cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023. Planas dijo que la nueva PAC distribuirá las ayudas directas de manera más equitativa y eficiente. Así, más del 40% de su presupuesto se destinará a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. Precisó, en este punto, que “se tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos”. Así, añade varias medidas para incorporar a la mujer a la actividad agraria, de ahí que España sea quien ha sumado, por primera vez, la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos en la PAC.

Según destacó el ministro, la nueva PAC supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico para el Gobierno, como es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total del país, sumando 54.000 millones de euros en 2020. “Es, además, un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato”.

La PAC incluye un tope máximo de ayudas por beneficiario fijado en 100.000 euros; una reducción de ayudas a partir de 60.000 euros (degresividad) con posibilidad de descontar los costes salariales, y un pago redistributivo a las primeras hectáreas. Incorpora, por primera vez, la dimensión social a las ayudas y tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales, haciendo hincapié en que la agricultura y la ganadería son esenciales para mantener vivo el mundo rural.

Contará, entre otras, con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector con el objetivo de potenciar su competitividad con medidas encaminadas a impulsar el relevo generacional, la igualdad de género, la innovación y la digitalización. Se está elaborando un plan estratégico junto con las CC AA que se completa con la definición de “ecoesquemas”: prácticas voluntarias que contribuyen a combatir el cambio climático y preservar el medio ambiente y por cuya realización los agricultores y ganaderos recibirán un pago específico.