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Unos 2.000 interinos asturianos podrán aspirar a ser fijos sin una oposición

Más de la mitad de los posibles beneficiados son sanitarios y no hay ningún docente | UGT critica una medida que sospecha anticonstitucional

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo. LUISMA MURIAS.

El plan del Gobierno para adjudicar una plaza sin oposición a determinados trabajadores interinos que lleven al menos diez años ocupándola tendrá un fuerte impacto en Asturias. En la primera valoración del Principado, y a expensas de un cálculo más preciso, salen 1.974 posibles beneficiarios, más de la mitad –1.285– pertenecientes al sector sanitario y ninguno del amplísimo colectivo de empleados temporales del sector docente. Esos 2.000 son los interinos que cumplirían a día de hoy el requisito anunciado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para ser fijos sin oposición: llevar al menos diez años ocupando una plaza estructural para la que nunca se haya convocado una oferta de empleo.

La nueva norma –una concesión a ERC para sacar adelante en el Congreso el real decreto para reducir la temporalidad en el empleo público– beneficiaría a entre un diez y un veinte por ciento de un colectivo cuyo cálculo total es muy incierto: el del Gobierno regional no pasaba de 9.000 en su ámbito autonómico antes del refuerzo la pandemia, las organizaciones sindicales no excluyen que la cifra rebase los 20.000 y la Encuesta de Población Activa (EPA) asigna a Asturias 26.500 trabajadores públicos con vínculo temporal inscritos como asalariados en todas las administraciones de la región.

Los afectados, mientras tanto, se sienten cada vez “más utilizados”. “Somos una moneda de cambio por votos”, lamenta Antonio Navarro, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), quien asegura que “tanto los sindicatos, como los partidos, saben lo que hay. Dijeron que votarían en contra, pero votaron a favor; no hay partido que haya plantado cara al Gobierno”.

Muy lejos de las celebraciones, los interinos siguen viendo su situación con “recelo” ante la “falta de concreción de las medidas”. Asunción Martín, profesora interina durante 18 años, este último en el IES “El Batán” de Mieres, califica la situación de “engañabobos”: “Hay muy poca gente que lleve más de 10 años en el mismo destino, y menos sin que esa plaza haya sido convocada. Yo he sacado la oposición cinco veces y sigo sin plaza, el sistema está completamente viciado. Cuando era brillante me pedían experiencia, y ahora que tengo experiencia me piden la excelencia”, alega.

José Manuel López, docente interino con 26 años de antigüedad, tampoco ve con “claridad” el asunto: “Tienen que negociar mucho todavía. No tiene sentido que un trabajador, por cambiar de destino, ya no pueda optar a la plaza; así se cargan el espíritu de la sentencia” europea, explica. López defiende que los empleados temporales que llevan un periodo de tiempo en el puesto ya tienen conocimientos “de sobra” para acreditar su trabajo. Además, no está de acuerdo con el procedimiento de examen, que ve “injusto” para los interinos: “Nosotros estamos trabajando, y no tenemos el mismo tiempo para estudiar que el resto de la gente. Deberían ponernos un test básico y reducirnos al máximo posible el número de temas para estar en igualdad. Nuestros años de experiencia avalan totalmente nuestras capacidades para ejercer el puesto”.

La “inconstitucionalidad”

Navarro, mientras tanto achaca la polémica al “incumplimiento” del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP): “No se sacan plazas y se superan los plazos límite que establece. Además, estas medidas rozan la inconstitucionalidad”, comenta.

Es éste un asunto muy debatido tras la sesión del miércoles en el Congreso y al que le quedará recorrido, toda vez que será introducido en la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Incluso Pepe Álvarez, secretario general de UGT, aseguró con cierta perplejidad que algunas de las novedades planteadas anteayer en el Congreso habían sido rechazadas por el propio Gobierno en la negociación con los sindicatos “alegando inconstitucionalidad”.

Sobre este asunto, Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, prefiere esperar a la lectura del texto completo antes de hacer alguna afirmación de este tipo. El experto constitucionalista “puede entender” dónde puede haber lugar a polémicas, dirigiéndose a los artículos 103 y 23.2 de la Constitución Española, en los que se habla del acceso a la función pública por meritocracia y la igualdad de acceso, respectivamente.

“Si se hiciera un concurso cerrado, por ejemplo, solo con interinos, no habría igualdad de acceso. Este tema es claramente de carácter político, pero puede plantear problemas jurídicos. Tendremos que ver cómo se legisla”, declara.

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