El Gobierno del Principado no puede prometer nada a los cerca de 2.000 trabajadores interinos que en teoría, o de acuerdo con las condiciones del acuerdo parlamentario alcanzado esta semana en el Congreso, cumplen los requisitos para aspirar a adjudicarse su plaza sin oposición. No lo harán todavía. No mientras no conozcan los pormenores del proyecto de ley en el que se transformará el decreto aprobado el miércoles en el Congreso. La prisa con la que se tomó la decisión, comprometida por sorpresa e in extremis para garantizar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y salvar sobre la bocina el decreto del Gobierno de coalición para la estabilización de los trabajadores temporales, hace extremar la prudencia en la Administración asturiana. El Principado no pasó ayer de la voluntad de “permanecer atento” a la tramitación del decreto como proyecto de ley para “concretar su aplicación en Asturias” y las condiciones a las que habrán de acogerse las comunidades autónomas.
La consejera portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, se detuvo ahí, sin más concreciones, consciente de que puede haber muchos cambios durante ese proceso y sobre todo de que lo más espinoso no está escrito en el decreto que fue aprobado el miércoles. Las condiciones de la estabilización por concurso –con una simple valoración de méritos y sin pasar por oposición– de los interinos que lleven al menos diez años en una plaza que nunca haya salido a convocatoria pública serán incluidos –o eso prometió el Gobierno a ERC– en la tramitación del decreto como ley. De momento, no consta por escrito, y eso sumado a las sospechas de inconstitucionalidad que han emergido desde distintos flancos desde el miércoles dan mucho margen a la prudencia. “Estamos analizando eso”, reiteró ayer Álvarez. “Se trata de un decreto que se tramitará como proyecto de ley y puede incorporar algunas modificaciones. De ahí que debamos seguir atentos a esa tramitación para saber con exactitud las implicaciones que tiene para la comunidad autónoma”.
El concurso-oposición
El Principado se agarra al ambicioso proyecto que tiene en marcha para reducir la temporalidad en la administración al ocho por ciento al final de este año. Ese proceso está planteado de entrada con predilección por el concurso-oposición como método de estabilización de plazas. De ahí la atención con la que se seguirá la tramitación de la ley. En ese proceso en marcha “este decreto tendrá implicaciones”, precisa la portavoz, que propone la adaptación y la búsqueda de la fórmula sin dar más detalles, pero perseverando en la premisa de que el grueso de las novedades –lo que atañe a los interinos de más de diez años– les obliga a esperar y a seguir con “atención” la evolución de la tramitación de la ley.
Si se cumplen los plazos prometidos en la negociación con ERC, el decreto será ley en octubre, y ahí se verá si finalmente hay interinos que ganan su plaza sin oposición. Mientras tanto, “trabajaremos en la adaptación a esta la nueva norma” cuando esté tramitada sin desvelar tampoco si les suena bien la otra innovación pactada esta semana. Esquerra y Unidas Podemos exigieron que se admitiera la realización de exámenes no eliminatorios para los trabajadores temporales, de suerte que no se jueguen su futuro a una sola carta, que puedan hacer media con las notas de otros procesos selectivos a los que se hayan presentado con anterioridad o escoger su mejor resultado… Eso, que ahora se deja al criterio de las comunidades autónomas, ya ha sido aplicado en Asturias en algún otro proceso previo de estabilización, pero ahora sigue primando la prudencia. “Habrá que valorar las situaciones en los diferentes entornos de la administración. No vamos a adelantar acontecimientos”, dejó dicho la consejera portavoz.
Los azares de la vida parlamentaria y de la mayoría inestable del Gobierno de coalición condujeron a una negociación y a un acuerdo que salvó sobre la bocina el decreto para la estabilización de los interinos –pactado con los sindicatos UGT, CC OO y CSIF–, pero que no quedó escrito, aplazado hasta que la disposición aprobada sea tramitada como proyecto de ley, con la promesa del Ministerio de tenerlo listo de aquí al mes de octubre. En Asturias, lo pactado con los independentistas catalanes podría afectar, según un cálculo preliminar del Principado, únicamente a una parte muy pequeña del colectivo amplísimo de trabajadores temporales: a 1.974 en total, de los cuales más de la mitad, 1.285, pertenecen a la sanidad y ninguno al ámbito docente. Las exigencias de que el interino lleve al menos diez años en la plaza y de que ésta nunca haya salido a convocatoria pública determina el número tan escaso, dentro de un grupo de trabajadores que fuentes sindicales elevan por encima de los 20.000, hasta 26.500 en todas las administraciones según la Encuesta de Población Activa (EPA).
