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“Con tantas trabas incitamos al vecino a que haga obras sin permiso”, claman los alcaldes

Ángel García: “Uno de los grandes retos que España tiene por delante es conseguir que la Administración no sea un impedimento, sino una ayuda”

La casa de Juan Antonio Buergo (con ladrillos amarillos), en el barrio de El Cotiellu, en Llanes. | LNE

La casa de Juan Antonio Buergo (con ladrillos amarillos), en el barrio de El Cotiellu, en Llanes. | LNE

Un riosellano que tardó diez años en completar los trámites para rehabilitar un edificio, un llanisco que lleva más de tres años esperando para abrir un negocio, vecinos que tuvieron que aguardar un año para reparar sus hórreos, meses de espera para cambiar una ventana, edificios históricos que se caen esperando permisos… Son algunos ejemplos del infierno que viven muchos asturianos a causa de la burocracia en el entorno de los bienes de interés cultural (BIC). El Principado ha elaborado una ley, pendiente de aprobación, que persigue, entre otros objetivos, simplificar y aligerar los trámites relativos a la protección del patrimonio cultural. Vecinos y empresarios confían en que sea algo más que una promesa, pero no las tienen todas consigo. “Con tantas trabas estamos incitando a los vecinos a que hagan las obras sin permiso”, claman algunos alcaldes.

La futura ley eliminará la autorización autonómica para buena parte de las obras menores en los entornos de los BIC. Cuando la ley se apruebe, previsiblemente en otoño, bastará con una autorización municipal. Los ayuntamientos, eso sí, tendrán que elaborar un catálogo de bienes que deben ser protegidos y definir la relación de obras menores que no requerirán autorización previa de la Consejería de Cultura. Una autorización que seguirá siendo obligatoria para restauraciones, obras mayores o actuaciones que impliquen grandes cambios en las fachadas.

También será eliminado el trámite de autorización previa para el mantenimiento de hórreos y paneras, lo que contribuirá a evitar el posible deterioro durante la espera por la licencia, que en la actualidad puede demorarse incluso más de un año por el “atasco” que se registra en el departamento de Patrimonio Cultural.

Juan Antonio Buergo, llanisco residente en Londres, vive desde hace tres años y tres meses una auténtica pesadilla. El 3 de abril de 2018 inició los trámites para reformar un edificio en el barrio de El Cotiellu, en el centro de Llanes y abrir allí un negocio. Entre el Ayuntamiento y Patrimonio le obligaron a dar vueltas más de dos años. Un año cada uno. Ello a pesar de que, oficialmente, su casa no está afectada por ningún BIC.

El argumento de los servicios técnicos municipales que comenzó a enmarañarlo todo fue al no haber plan de urbanismo en el concejo (los tribunales anularon todos los que aprobó el Ayuntamiento y el concejo se ve obligado a regirse por las leyes autonómicas y estatales) la solicitud debía contar con autorización de Patrimonio, como si su propiedad estuviera dentro o junto a un BIC. Como reside en el Reino Unido, tuvo que ocuparse de buena parte de los trámites su familia.

El verano pasado, después de una auténtica “cruzada”, superados los trámites municipales y autonómicos, cuando creía que ya estaba todo listo, el hecho de que existieran documentos con tres superficies diferentes del inmueble –en el proyecto, en el Registro de la Propiedad y en el Catastro– lo volvieron a condenar de nuevo a una espiral sin fin, de ventanilla en ventanilla.

Primero, no le contestaron en el Catastro a su comunicación por internet. Gracias a la ayuda de la concejala de Urbanismo, Marián García, logró conectar tanto con ese departamento como con el Registro. Le pidieron un informe de un arquitecto, pero rechazaron el que presentó porque era el mismo que firmaba el proyecto de reforma. Tuvo que presentar otro. Después le exigieron un informe topográfico, a continuación la firma de los vecinos colindantes.

Cuando presentó este último requisito le dijeron que no servía: el Catastro, que reconoció haber perdido documentación ya presentada por Buergo, denegó su solicitud al considerar que no estaba suficientemente acreditada la identidad de los vecinos colindantes. Más vueltas: el llanisco se vio obligado a iniciar un procedimiento legal y a publicarlo en un boletín oficial, con el consiguiente periodo de alegaciones y el enésimo retraso. Nadie alegó. El pasado mes de abril, le dijeron que todo había acabado y en una o dos semanas estaría todo arreglado. A punto de acabar julio, el expediente sigue abierto… y la casa sin reformar.

“Esto no pasa en Europa”. Buergo lo dice con conocimiento de causa: pidió una licencia similar en Londres casi al mismo tiempo que en Asturias y pudo empezar la obra en un mes. “No me cabe en la cabeza. Solo pretendo dar trabajo, y por supuesto ganar dinero, pero tengo mi casa muerta de risa desde hace más de tres años. Y desde el pasado octubre solo para que se recoja que la casa mide lo que mide. Es increíble, como una mala telenovela. Tremendo”, clama el emigrante.

Hechos similares se repiten en toda la región. En Ribadesella, un vecino tuvo que esperar más de diez años para rehabilitar su casa, ubicada en la zona antigua de la villa. Su solicitud de licencia permaneció atascada primero en el Ayuntamiento y después en Patrimonio, según admitieron fuentes municipales, que calificaron el caso de “sangrante”.

El inmueble está afectado por dos BIC, el casco histórico de la villa y el Camino de Santiago, lo que complicó enormemente la tramitación de los permisos y la emisión de los informes que exige la farragosa legislación asturiana. Tanto así que el afectado, que declinó realizar manifestaciones, inició los trámites en 2009 y no consiguió cerrarlos hasta 2019. Tuvo, incluso, que cumplir exigencias “que no aparecen en ninguna normativa”, indicaron fuentes municipales.

El alcalde riosellano, Ramón Canal, confía en que la nueva ley sea “algo más que una cortina de humo” y que sirva para que los ciudadanos tengan menos trabas. “En vez de tener que pedir los ayuntamientos permiso a Cultura para cualquier cosa y luego trasladarlo a los ciudadanos, ¿no sería mejor que nosotros diéramos las licencias de obras menores y comunicárselo a Cultura? Saldríamos todos ganando, en especial los ciudadanos”, dijo.

Canal ha visto cómo algunos vecinos tienen serios problemas para obras de menor entidad, como cambiar una ventana, por errores de la propia Administración, por ejemplo, porque el trazado “oficial” del Camino de Santiago no coincide con el real “y resulta imposible cambiarlo”, pese a que diferentes corporaciones lo han intentado durante años.

El alcalde de Siero, Ángel García, también ha sufrido la burocracia y ha visto cómo la sufren vecinos y empresarios. Los muchos años que se tardó en rehabilitar la chimenea de Bayu, construcción protegida, o la situación del palacio de Celles, que amenaza con derrumbarse, son dos ejemplos de situaciones provocadas por las exigencias de Patrimonio a los propietarios de bienes protegidos. “Si rehabilitar un edificio en ruinas ya es caro de por sí, las condiciones que impone Patrimonio encarecen mucho más aún las actuaciones, así que los propietarios se echan para atrás y se niegan a ejecutar las obras”, indicó el Alcalde. Es justo lo que ocurrió durante años con la chimenea de Bayu y lo que ocurre con el palacio de Celles.

García confía en que la nueva ley acabe con todos estos problemas, que dificultan en muchos casos inversiones importantes para las economías locales: “Todo lo que sea agilizar me parece bien. Uno de los grandes retos que España tiene por delante es conseguir que la Administración no sea un impedimento y un problema, sino una ayuda e infinitamente más ágil”, apuntó.

El regidor sierense considera que en un mundo como el actual, en el que “cada vez se requiere más rapidez para todo”, la Administración debe “colaborar, no ser un lastre. Además, las empresas compiten en un mundo cada vez más global, así que cuando ven trabas en un sitio se van a otro”, añadió.

José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, ha visto “sufrir” a muchos vecinos por las trabas halladas en Patrimonio. “Lo de los hórreos es terrible, han llegado a tardar más de un año en informar una mejora en algunos casos. Son tantas las vueltas, tantas las trabas y tanta la tardanza que estamos incitando a los vecinos a que acometan los arreglos sin permiso”, subrayó el edil.

“Las administraciones deberían ser herramientas para ayudar, agilizar y facilitar los trámites a los ciudadanos , pero no es así”, lamentó González Castro. Ve con buenos ojos la nueva ley y que sean los ayuntamientos los que se encarguen de las licencias menores en los entornos de los BIC. “Yo, encantado; eso sí, si nos cargan de más responsabilidades, que nos den más dinero”, añadió.

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