Los gobiernos regionales han comenzado a moverse en el tablero de la financiación autonómica, sin esperar a conocer si ciertamente el Gobierno de Pedro Sánchez se meterá en el avispero de una reforma en breve o quizá para tomar posiciones ante la alternativa de un ajuste provisional, cada vez más verosímil, para atender parte de las aspiraciones de las comunidades que se consideran infrafinanciadas, las más activas en estas semanas de exploración de alianzas (principalmente, Valencia, Andalucía y Murcia).
Si bien hay incógnitas y elementos políticos nuevos –la interferencia del diálogo bilateral entre el Ejecutivo central y Cataluña o el papel de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, reforzado ariete del PP contra Sánchez–, las posiciones que se están conformando tienden hacia los viejos bloques de negociaciones precedentes: comunidades que piden un reparto que pondere más el tamaño de la población (Valencia y Andalucía, entre ellas) –y en ocasiones también la aportación fiscal de cada territorio al sistema (Baleares)– y comunidades que inciden en el coste singular de los servicios públicos (sanidad, educación...) en la España más envejecida y geográficamente dispersa (Asturias y el resto del Noroeste).
Las reformas anteriores del modelo de régimen común, casi siempre negociadas antes con Cataluña y resueltas con la transferencia de recursos extra de la Administración central a las periféricas, favorecieron más al segundo que al primero de los bloques citados si se mide por el índice que pone en relación la financiación con los habitantes. Asturias y todo el Noroeste han permanecido por encima del promedio nacional (100), pero, con la salvedad de Cantabria, en los demás territorios, y en particular en Asturias, se observa desde 2010 una evolución declinante: el índice asturiano pasó de ser en ese año de 107,6 (7,6 puntos por encima de la media) a 101,3 en 2018, último ejercicio liquidado.
¿Por qué esa evolución en Asturias? La respuesta requiere de antemano unas líneas de aproximación a cómo funciona un sistema que los expertos suelen considerar complejo en exceso, de muy difícil digestión para los ciudadanos. Los recursos de la financiación son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado a las autonomías (IRPF, IVA, Especiales, Sucesiones, Transmisiones...); cada región aporta a una bolsa común (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) una cantidad equivalente al 75% de su capacidad teórica de recaudación (sin contar las subidas o bajadas fiscales que haya decidido dentro de sus competencias) y el Estado hace su propia aportación; al mismo tiempo se determina un coste común de los servicios y competencias transferidas considerando la “población ajustada”, parámetro que se calcula para cada región teniendo presente, además del número de habitantes, la población mayor de 65 años, la comprendida entre los 0 y los 16 años, la dispersión geográfica...Conocido el número resultante de “unidades de necesidad” y el coste de los servicios, cada región recibe del fondo lo que necesita para cubrir sus necesidades, que puede ser una cantidad mayor de la que aportó, como ocurre sistemáticamente en el caso de Asturias y el resto del Noroeste, o menor, casos de las autonomías más ricas y con mayor capacidad fiscal (Cataluña, Baleares y Madrid). El sistema se completa con repartos de otros fondos, llamados de suficiencia y de convergencia.
Conforme al esquema descrito, dos rasgos de las regiones pueden resultar determinantes: la dimensión de la “población ajustada” y la capacidad fiscal, conectada al dinamismo económico y que influye, por ejemplo, en cuánto depende una región de la solidaridad de las demás y también cuánto ingresa la comunidad gracias al 25% de los impuestos recaudados que no se entrega al Fondo de Garantía.
Los números muestran que en Asturias ha descendido la “población ajustada”. Y la capacidad recaudatoria, al alza en todas las regiones por la fase de recuperación que siguió a la anterior crisis, ha crecido significativamente por debajo de la media.
El sistema reconocía a Asturias en 2010 una “población ajustada” de 1.124.410 unidades (40.000 más que los habitantes reales). En 2018, esa “población ajustada” bajó a 1.085.929. El impacto de la severa pérdida de habitantes (56.000 entre 2010 y 2018) no pudo ser compensado por el trato singular que el modelo hace de de envejecimiento y de otros factores que benefician a regiones como Asturias.
La crisis demográfica actuó así como un primer lastre para la financiación, que creció durante el período en conjunto y en dinero por persona, pero lo hizo a velocidades mucho más modestas que la mayoría del resto de regiones, particularmente por el magro desempeño de la capacidad fiscal, reflejo de una falta de dinamismo económico que en términos de PIB se manifestó así: la economía asturiana creció de manera agregada en el citado período el 2,3% (en precios corrientes), mientras que el país lo hizo el 12,2%. Una aproximación al efecto en los recursos de la financiación: el dinero obtenido por Asturias aumentó el 6,4%, mientras en Cataluña lo hizo el 16% y en Madrid el 21%, según se infiere de las liquidaciones de Hacienda entre 2010 y 2018.
Los mecanismos del sistema que ahora se quiere revisar no bastaron para enderezar la tendencia de Asturias, en riesgo de agravarse en caso de una reforma que asumiera los criterios de población o capacidad económica que reivindica una parte no menor de la España autonómica.
Las comunidades pedirán en la Conferencia de Presidentes abrir el debate
Varias comunidades autónomas quieren aprovechar la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca para plantear a Pedro Sánchez el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Las autonomías están divididas en al menos dos bloques: las que defienden que se atienda al coste de la prestación de servicios por habitante y las que reivindican que sea el criterio poblacional el que prime. Así, los mandatarios autonómicos pretenden abrir este debate en la Conferencia de Presidentes a la que ha rechazado acudir el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés, y todavía está en el aire la presencia del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. Las autonomías han vuelto a reivindicar la reforma del modelo de financiación autonómica en medio de la polémica por la intención de Cataluña de abordar este asunto de forma bilateral.
