Aunque no figura en el orden del día, el empeño de varios gobiernos autonómicos podría llevar el debate sobre la financiación autonómica a la Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes en Salamanca. Los expertos pronostican que Asturias tiene todas las de perder, ocurra lo que ocurra: tendrá que vivir con una peor financiación. Si hay reforma, porque todo indica que los cambios favorecerán a las comunidades autónomas infrafinanciadas (Andalucía, Valencia y Murcia, principalmente) y a Cataluña, que parece que tendrá una negociación bilateral con el Estado. Y si no hay reforma, también perderá a la larga por la incesante pérdida de población y de capacidad fiscal, determinantes a la hora de calcular el dinero que se lleva cada región. A corto plazo, la mejor baza para Asturias sería que el choque frontal de intereses entre las comunidades detenga la reforma del reparto de fondos.
El economista Ángel de la Fuente resalta que los gobiernos autonómicos se limitan a “tirar para casa”, reclamando que en el reparto se apliquen aquellos criterios que los benefician. Admite que todos tienen “parte de razón”, de ahí que haya propuesto un “fondo transitorio”, salido de los fondos covid para mejorar la financiación de las comunidades que están por debajo de la media en el reparto, fundamentalmente las del Levante.
El actual sistema tiene aspectos que no funcionan bien. Hay “diferencias excesivas” al repartir entre las regiones más beneficiadas, como Cantabria y La Rioja, y las más perjudicadas, como Valencia y Murcia. “Hay una diferencia de treinta puntos, que son cien si se tiene en cuenta a las comunidades con régimen foral (País Vasco y Navarra)”.
Entre las comunidades “hay tendencia a pedir que ‘Papá Estado’ pague la factura y dé la cara ante la ciudadanía subiendo impuestos”, criticó De la Fuente, quien señaló que tal vez no sea el momento adecuado para impulsar la reforma de la financiación autonómica. “Quizá lo mejor sea arreglar solo lo más urgente, que es que algunas comunidades están apreciablemente peor financiadas que la media”, aclara. No obstante, De la Fuente cree que este asunto no se resolverá en la Conferencia de Presidentes. “Si acaso alguien pondrá sobre la mesa que corre prisa, que es muy necesario que el problema se aborde... Pero me temo que esto va para largo”, añadió.
Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, ve a Asturias en una situación “vulnerable” por la pérdida de población y la disminución de la recaudación de tributos en los últimos años, lo que ha provocado que cada vez reciba menos fondos. Pese a ello, resalta que Asturias ha estado “relativamente bien tratada en el sistema de financiación”, y por eso aspira a mantener ese status quo. Pero eso podría cambiar porque algunas comunidades, principalmente las del Levante, exigen “una financiación más igualitaria”. Cuando se reformó el sistema de financiación, en 2009, el Gobierno central aportó 20.000 millones de euros adicionales, lo que contentó a todas las comunidades, al recibir “más de lo que esperaban”. Pero Álvarez ve “muy difícil” que algo similar vuelva a ocurrir. Uno de los problemas del actual sistema es que el reparto de recursos se acabó “distorsionando” y en la actualidad es “bastante arbitrario”.
Álvarez resaltó que algunas comunidades, entre las que citó a Asturias, están siendo “terriblemente injustas con sus críticas a la Comunidad de Madrid. Porque es el gran financiador de la solidaridad de todo el sistema. Es la comunidad que tiene mayor capacidad fiscal, con diferencia, y la que más aporta a los fondos de nivelación, la más solidaria de España”. La duda, señala el hacendista, es qué hará el Gobierno, pues modificar el sistema para beneficiar a Cataluña implicaría beneficiar también a Madrid, “salvo que caiga en la arbitrariedad”.
¿Qué conviene a Asturias? En las actuales circunstancias, “que todo siga como está, que no se toque nada porque cualquier reforma podría significar perder financiación en términos absolutos o, al menos, relativos”. Sería “muy difícil” que una reforma beneficiara a las comunidades del Noroeste, indicó Álvarez.
En su opinión, las comunidades deberían tener una capacidad fiscal “razonable” y buscar un criterio de nivelación “justo” para que no haya “ganadores y perdedores”. Una solución, en definitiva, tremendamente complicada.
