Cuatro hermanos pueden tener ideas diferentes pero al mismo tiempo defender unos mismos intereses que les lleven a dejar atrás sus discrepancias para tratar de garantizar el futuro de toda la familia. En el debate sobre la financiación autonómica estos cuatro hermanos serían Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y la familia, el Noroeste de España, que está sufriendo por el envejecimiento, la dispersión geográfica, la baja densidad y la constante pérdida de población. Todo ello les hace tener unos objetivos comunes a defender en el debate sobre la financiación autonómica.
Unos puntos en común que sus presidentes han ido desgranando en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA durante los últimos días. Esta alianza se escenificará en un encuentro de próxima celebración, en el que se espera que se concrete una postura compartida, ya dibujada en los artículos de estos días. La clave de esta unión está en que el Ejecutivo nacional tenga en cuenta –o aún más en cuenta– el coste que supone para estas comunidades prestar ciertos servicios por cada ciudadano en zonas en las que confluyen las circunstancias antes mencionadas de población, dispersión geográfica y envejecimiento. Coinciden en que no tiene nada que ver hacer llegar los servicios sanitarios a una persona que vive aislada en una zona montañosa, que encima tiene dificultades de movilidad por su edad, que hacerlo en un lugar llano, donde la población está concentrada en núcleos urbanos con buenos accesos y en el que encima hay un mayor número de población joven que va a necesitar menos atención. Lo mismo sirve para la educación y los diferentes servicios sociales que deben garantizar las comunidades autónomas.
En ese sentido, en lo que coinciden el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); el de Asturias, Adrián Barbón (PSOE); el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria); y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) es en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a esos servicios de todos los españoles, residan en uno u otro lugar del país. Si no existe ese factor corrector, advierte Barbón, “el modelo no garantizaría la igualdad de derechos”.
Lo que pretenden, en definitiva, es pensar en “personas y no en territorios”, como señala Alberto Núñez Feijóo. “Una financiación igual por unidad representativa de esa necesidad de gasto, es decir, por habitante ajustado a cualquier español independientemente de dónde resida”, añadía el presidente gallego. Los cuatro coinciden en que hay que tener en cuenta ideales como los de “igualdad”, “solidaridad”, “suficiencia”, “equidad” y “corresponsabilidad fiscal”. Todo ello, como señala Miguel Ángel Revilla, para garantizar “unas condiciones similares de calidad de servicios para todos los españoles”. O, como explicita Fernández Mañueco, un modelo que garantice “en base a los costes reales efectivos de la prestación de los servicios públicos, una financiación adecuada y suficiente”.
La preocupación que también une a estas cuatro regiones y que les ha impulsado a unirse es que las comunidades autónomas con más población impongan un reparto en el que el principal reclamo sea el número de habitantes y que eso haga que se tenga menos en cuenta el coste por ciudadano de prestar unos servicios que son esenciales. Una preocupación que crece también por los movimientos que está habiendo en otras regiones que se sienten infrafinanciadas, como es el caso de Murcia, Andalucía o la Comunidad Valenciana. La queja de estas comunidades radica en que esta corrección que se hace y que reclaman los territorios del Noroeste por el coste de los servicios en unos y otros lugares lleva a que ellos perciban mucho menos de lo que aportan por su población en este reparto.
Pero la respuesta del Noroeste está gráficamente ejemplificada en datos como los que esgrime Feijóo: Galicia tiene el 5% del alumnado de España y acapara el 21% del gasto nacional en transporte escolar y, con el 6% de tarjetas sanitarias del país, tiene el 13% de centros de salud.
