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La Universidad hizo trampas para evitar la pugna por una plaza, ratifica el TSJA

La institución académica tendrá que repetir el proceso selectivo para una vacante cancelado en su día bajo el mandato del anterior rector

Patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo

Patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de la Universidad de Oviedo contra la resolución que le declara culpable de incurrir en una desviación de poder en septiembre de 2018. Los jueces ratifican así que la institución mintió para contratar a una profesora en concreto como docente de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. El por aquel entonces rector, Santiago García Granda, anuló la convocatoria de contratación, a la que se habían presentado dos aspirantes, aduciendo que no era necesaria ya que uno de ellos –la profesora que durante nueve meses ocupó dicha plaza– tenía contrato en vigor para cubrir la reducción docente de la jurista Paz Andrés tras convertirse esta en la defensora universitaria.

El otro candidato a la plaza era Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno era un abogado que hasta finales de 2017 había dado clases en la Universidad de Oviedo. Al no efectuarse finalmente la convocatoria, el solicitante afectado, defendido por el letrado Marcelino Torre, interpuso una demanda contra la resolución del Rector, que fue admitida y derivó en la sentencia del 19 de febrero de 2019, que le daba la razón señalando que “la Universidad había vulnerado el principio de igualdad en el acceso al empleo público”. Esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo obligaba a la institución académica a repetir el proceso selectivo, anulando la resolución tras remitirse a las pruebas.

La Universidad de Oviedo presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Se celebró por tanto un nuevo pleito, el pasado 22 de julio, donde los representantes del organismo académico alegaron que las instituciones públicas pueden desistir de convocatorias de plazas de empleo público hasta el momento en que se realizan actuaciones posteriores al cierre de presentación de solicitudes. También reiteraron que no hubo desviación de poder, ni violación del principio de igualdad en el acceso al empleo público, algo que el tribunal volvió a ratificar en la sentencia ahora dictada. Otra de las confusiones llega porque la sentencia recoge que el contrato laboral al que se refería el exrector señala que se concierta “para la sustitución de la docencia temporal por cese de dos profesores asociados en el área de conocimiento” y no por la mencionada reducción horaria de Paz Andrés. La Universidad achaca esta incongruencia a un error de los servicios administrativos y recalca que la plaza siempre fue para sustituir a la defensora universitaria.

Finalmente, el fallo del TSJA ha desestimado el recurso de la institución educativa y ratifica la sentencia del 2019, volviendo a darle la razón a Rodríguez Magdaleno y rechazando todas las peticiones de la entidad académica, que afirmaba no haber cometido ninguna irregularidad. Una de las claves de la sentencia es que seis días después del lanzamiento de la convocatoria en 2018, la candidata presentó un recurso de alzada, admitido por el Rector y en base al cual anuló el proceso de selección, algo que ha sido concebido por el juez como contrario a derecho y, en consecuencia, nulo, ya que la vinculación de la docente con la Universidad habría finalizado el 31 de agosto de 2018 y ya no estaría en vigor.

La Universidad tiene ahora un plazo de treinta días para recurrir la sentencia.

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