Dos años, dos sentencias judiciales y varios procesos abiertos después, la ministra de Hacienda se comprometió ayer a pagar la deuda que el Estado mantiene con las comunidades autónomas desde la liquidación de la recaudación del IVA de 2017 y propuso utilizar para ello los próximos Presupuestos Generales del Estado. María Jesús Montero llevó al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera una sugerencia de solución que consiste en la promesa de incluir en las cuentas estatales de 2022 una partida de unos 3.000 millones de euros que se transferiría a las autonomías para saldar la deuda y que el Principado de entrada celebra y agradece, a la espera de concretar unos cuantos detalles. Según algunas fuentes, el anuncio se interpreta como una cesión de la Ministra ante los reveses judiciales recibidos tras los recursos de Castilla y León y Galicia ante el Supremo e incluye el pago con intereses.
En Asturias, el Gobierno regional, que el pasado diciembre planteó su reclamación en los tribunales después de la respuesta negativa al requerimiento presentado previamente ante el Ministerio, ha estimado su porción en 86,5 millones, pero ayer no se especificó el desglose de la cifra por autonomías, por lo que aún debe estar pendiente de si sus cálculos y los de Hacienda coinciden. Hay que tener en cuenta que Asturias eleva los 75 millones que se habían estimado en un principio en diez más, los que le corresponderían por su condición de autonomía uniprovincial y destinataria, en consecuencia, del porcentaje de los ingresos del impuesto que le tocan como Diputación Provincial.
El desembolso de los 3.000 millones, y el posible final de un largo conflicto de dos años en el que el Supremo ya ha fallado a favor de los derechos de cobro de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia, depende además de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2022, así que dada la inestabilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de coalición se impone una cierta inclinación a la prudencia. La consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, celebró ayer, no obstante, esta oportunidad que planteó la Ministra de “devolver a las comunidades autónomas el dinero que quedó pendiente de recibir” y la búsqueda de “una solución común para todas las autonomías con independencia de que contemos o no ya con una sentencia favorable”. En el Consejo de ayer, reseña Cárcaba, “hemos querido agradecer al Gobierno de la nación que ponga solución por fin a este problema que supuso para comunidades dejar de ingresar cuantías que legítimamente nos pertenecían”.
El problema se gestó en 2017 y se materializó en 2019, cuando en las liquidaciones de la recaudación del IVA –que se satisfacen a las comunidades con dos años de demora– faltaba uno de los doce meses como consecuencia del ajuste en el sistema de gestión del impuesto introducido en tiempos del Gobierno del PP.
Los litigios judiciales
Lo que siguió fue un vaivén de reclamaciones que en sus resultados más visibles desembocó el pasado mayo en dos sentencias del Supremo parcialmente favorables a Galicia y Castilla y León. El Principado tiene vivo y pendiente de sentencia el recurso que interpuso el 18 de diciembre de 2020 ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de meses de tiranteces y de agotar la vía administrativa mediante un requerimiento al que el Ministerio de Hacienda respondió negativamente.
Del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer sale además la previsión, condicionada igualmente a la aprobación de los Presupuestos, de que las autonomías dispondrán el año que viene de una financiación récord en lo que respecta a los anticipos del sistema. Asturias, también, pese a que su cifra crecerá levemente por debajo de la media nacional. La porción asturiana de estas partidas, que se calculan con base en las previsiones de recaudación de cada ejercicio, progresarán en 2022 un 5,9 por ciento, frente al 6,3 del conjunto de las regiones del sistema, y alcanzarán los 2.924 millones de euros. Es una cifra nunca antes vista, aunque el incremento respecto a 2021 es el cuarto más reducido de España, sólo por detrás de los de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
El total de las entregas a cuenta asciende a 112.213 millones de euros. A eso habría que sumar, si los presupuestos progresan, los 3.000 del IVA y una partida adicional de unos 3.900 que Montero también se comprometió a incluir en su proyecto de cuentas para 2022 y que vendrían a compensar a las comunidades autónomas de la previsible merma en sus ingresos como consecuencia de la pandemia. Sucede que en 2020 las autonomías recibieron los anticipos del sistema financiero correspondientes a un año normal –estas entregas se calculan sobre la base de una previsión de recaudación tributaria de acuerdo con el comportamiento previsto de la economía–, pero los ingresos reales de 2020, que se liquidan con dos años de retraso y serán muy inferiores a lo pronosticado, determinarán en 2022 la obligación de que las haciendas regionales devuelvan al Estado la diferencia entre los adelantos y los recursos que realmente les correspondían. Para evitar que eso redunde en una merma de fondos, Hacienda ha previsto estos 3.900 millones en una decisión que a la consejera asturiana le parece “de especial relevancia”.
El “fondo covid”
Ana Cárcaba también festejó el criterio de reparto de la partida complementaria al “fondo covid” que el Estado transferirá a las comunidades autónomas. Son 13.486 millones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó distribuir por “población ajustada”, una variable donde juegan por ejemplo el porcentaje de población mayor o la dispersión y que resulta más favorable para Asturias que la otra posibilidad, el peso de cada autonomía en el PIB. La Consejera defiende que es éste el criterio “que mejor refleja las necesidades de gasto de cada territorio” y celebra que haya sido el elegido.
Los cálculos efectuados hasta ahora decían que el Principado recibirá unos 344 millones en el reparto por población ajustada y que habría tenido que conformarse con 262 si se hubiera aplicado el de PIB. Según el calendario acordado ayer, las autonomías recibirán el setenta por ciento de sus fondos en septiembre y el treinta restante en noviembre.
Los números
- 3.000 millones para saldar las deudas que el Estado mantiene con las comunidades autónomas por la liquidación anómala de la recaudación del IVA de 2017. El Principado reclama 86,5 millones.
- 3.900 millones para compensar las devoluciones que las autonomías tendrán que hacer al Estado en 2022 por la disonancia entre los anticipos recibidos en 2020 y la recaudación real del año de la pandemia.
- 2.924 millones. Serán los fondos que recibirá el Principado el próximo año en concepto de anticipos del sistema de financiación. La cifra crece un 5,9% respecto a la de este año.
Los criterios para la reforma de la financiación, “antes de fin de año”
Asturias fue una de las autonomías que ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, trató de espolear al Gobierno sobre “la necesidad de que se abra cuanto antes el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica”. La consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, y otras que pusieron la urgencia sobre la mesa recibieron de la Ministra, que hasta hace poco no ponía fechas, la promesa de presentar los criterios sobre los que se basará la reforma antes de fin de año.
En un anuncio que puede ser en algún sentido inquietante para los intereses de Asturias, María Jesús Montero admitió estar manteniendo reuniones bilaterales con diferentes autonomías. La Ministra no excluyó que el criterio de la población ajustada –el que tiene en cuenta el peso de la dispersión o el porcentaje de población envejecida, entre otros factores– sea uno de los “nucleares”, pero sin adelantar acontecimientos. Para prevenirse, Cárcaba reiteró ayer que el Principado va a defender “que el futuro sistema tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios que prestan las autonomías y las necesidades de gasto a que tenemos que hacer frente para que los asturianos reciban servicios públicos de calidad independientemente de su edad o lugar de residencia”. De esto, recuerda, “ha quedado constancia en el acuerdo que firmaron los grupos que creemos en el modelo territorial actual –están todos menos Vox– y así lo hemos vuelto a poner de manifiesto ante el Ministerio y las regiones”.
