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CSIF tiende la mano a Cofiño para mejorar “en todo lo posible” la reforma funcionarial

El sindicato de empleados públicos ve “cojo en algunos sentidos” el borrador publicado y pide ser escuchado para solventar “deficiencias”

Sede principal de las Consejerías del Principado, en Oviedo. | LNE

Sede principal de las Consejerías del Principado, en Oviedo. | LNE

El anteproyecto de la ley de Función Pública, que pilota el vicepresidente asturiano, Juan Cofiño, y ha cambiado su denominación a ley del Empleo Público, salió por fin publicado esta semana en el Principado. El borrador, que pretende actualizar el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias y cuyas líneas genéricas para una ansiada reforma de la Administración ya se conocen, no termina de convencer al grupo sindical mayoritario en la comunidad, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), aunque el sindicato está dispuesto, con “la mejor de las voluntades”, a colaborar haciendo sus aportaciones. Eso sí, pide ser más escuchado.

“Encontramos el anteproyecto cojo en algunos sentidos”, explica Sergio Fernández Peña, presidente de CSIF en Asturias, que critica que los representantes sindicales no fuesen llamados para la elaboración del borrador. “Hay varias ideas que debería abordar y lo hace de forma muy liviana, como el asunto de los interinos, la capacidad jurídica de los ayuntamientos más pequeños y el proceso de funcionarización temporal”, cita el presidente del sindicato. “En cuanto a los interinos, solo queremos que se adapte a la normativa nacional y buscar soluciones”, añade Peña.

Dos puntos son los más conflictivos para CSIF. “Hay dos cosas que nos rechinan especialmente”, expone Sergio Fernández Peña. Se trata del aumento de sueldo público en la nueva figura de los subdirectores y el pago de la productividad únicamente para dos grupos de trabajadores, los de más alto nivel. Puntos también cuestionados por otros colectivos sindicales. “Suena a dedo”, denuncia Peña. Y añade: “La figura de los subdirectores había desaparecido para ahorrar gasto público y ahora vuelve. Además, la productividad debería ser pagada para todos los grupos, no solo para los altos cargos”.

Otra de las medidas que el anteproyecto de la ley pone sobre la mesa es la necesidad de agilizar los procesos para mover a los trabajadores de algunas administraciones. “Estaría bien si, además de las personas, se tuviera en cuenta el traslado de bienes materiales”, expone Sergio Peña. Y denuncia un caso en concreto: “Los inspectores de Consumo, por ejemplo, llevan cuatro meses sin vehículos por un fallo administrativo”.

Respecto a la presencia de los sindicatos en este borrador, Peña la considera “muy escasa” y confían en que, siendo tan solo un anteproyecto, todavía “hay tiempo para editar las cosas antes de llevarlo al Parlamento”. Aun así, mantiene que hay “muchas deficiencias que se podrían haber evitado de haber contado con los sindicatos en el proceso de elaboración”.

Los funcionarios de carrera constituyen otro de los puntos que desde el sindicato se pide revisar: “Es necesario que estos funcionarios tengan la capacidad de ascender a una categoría superior y temporal, como ocurre en otras comunidades autónomas”. “Sin embargo”, denuncian, “el anteproyecto no dice nada al respecto”.

El borrador sí indica como órgano superior una Mesa General de la Función Pública, eliminando la Mesa General de Negociación que fue creada en el año 2007 con la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). “Desde CSIF haremos aportaciones para que, como mínimo, la ley recoja lo que viene regulado en el EBEP”, matiza el presidente del sindicato. Los expertos del empleo público que estuvieron presente en la elaboración del anteproyecto, denuncia el CSIF, pertenecen a los grupos de altos niveles –“funcionarios de pata negra”, aclara Sergio Peña–. “Por tanto, estas personas no conocen la problemática de más abajo”, explica el líder sindical. “Se necesita que la ley resuelva problemas y que convierta la Administración en algo ágil, eficiente y dinámico”, añade.

Desde CSIF, aseguran que tienen “la mejor de las voluntades” para trasladar las preocupaciones y ayudar “en todo lo posible” a modificar los puntos conflictivos. Pero también advierten de que “será un largo proceso que llevará tiempo y para el cual necesitamos también voluntad por parte de los políticos”. La central sindical con más número de representantes en la Administración del Principado tiende la mano al vicepresidente Cofiño para colaborar juntos y sacar adelante una ley que resuelva también “los problemas de los grupos de abajo”.

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