La gestión compartida de los fondos europeos con las comunidades autónomas, que prometió Pedro Sánchez en la última conferencia de presidentes autonómicos celebrada la pasada semana en Salamanca, sabe a poco en las comunidades autónomas. En especial, en las gobernadas por el Partido Popular, que consideran que los gobiernos regionales apenas tendrán margen decisorio: se trata en su mayoría de dinero correspondiente a programas sectoriales, cuyos objetivos ya vienen predefinidos por Bruselas. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez ya ha asignado 7.200 millones de los 10.500 millones de gestión autonómica: casi el 70 por ciento de la cuantía.
La tercera reunión de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, celebrada ayer de manera telemática sirvió para poner de manifiesto que el reparto del pastel de los fondos europeos no será pacífico. Tanto es así que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, terminó por instar a las comunidades a “remar en la misma dirección” porque el plan de recuperación “es un proyecto de país”. “Es la arquitectura que ha planteado Bruselas, es un proyecto de país y un país es mucho más que la suma de 17 comunidades”, aseguró Montero.
La titular de Hacienda explicó que estas ayudas se reparten de un modo distinto a los de otros fondos que hasta ahora habían gestionado las comunidades autónomas. Los criterios se definen conjuntamente en reuniones sectoriales en las que participan los ministerios y los consejeros autonómicos, pero han de dirigirse a las llamadas “políticas palanca” establecidas por la Unión Europea. “Cuesta cambiar ese chip”, reconoció la ministra Montero.
La posición contraria la expresó el consejero madrileño de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, del PP, para quien “no existe” diálogo alguno entre el Gobierno central y las comunidades sobre este asunto. Fernández-Lasquetty aseguró que en la reunión de ayer el Ejecutivo “ni ha dado información ni ha consultado nada”. Su relato de la situación es el siguiente: “El Gobierno pasa una pequeña parte de los fondos a las comunidades, pero atomizada y pulverizada en centenares de pequeñas actuaciones teledirigidas desde el Gobierno central, por lo que las comunidades no tienen margen para decidir”.
Más allá del modelo, las comunidades también pelean por los criterios que deciden cuánto toca a cada territorio. La ministra Montero recalcó que los criterios de distribución de cada programa se deciden en cada caso. “El núcleo del reparto es la conferencia sectorial en la que personas competentes en la materia determinan si para el criterio de reparto de la biodiversidad o por kilómetros de costa, de monte o número de especies declaradas”, afirmó. Esos criterios varían en cada caso, y puso como ejemplo que “cuando el reparto de fondos se hace sobre temas de vivienda, el número de habitantes tiene mayor peso”.
Primar el despoblamiento
Pero también en esa cuestión se alimenta la suspicacia. El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, también del PP, avisó de que no aceptará “ningún tipo de discriminación” y reclamó que la despoblación sea uno de los pilares esenciales en la distribución de los fondos, un criterio que espera quede avalado “con hechos”.
Del otro lado, el gobierno de Baleares (PSOE), que reclamó que los nuevos fondos se distribuyan teniendo en cuenta “las economías más afectadas”. La consejera Balear, Rosario Sánchez, recalcó que la pandemia mostró las “debilidades” del modelo productivo Balear, lo que generó una caída del PIB superior a la media española, principalmente por las restricciones al turismo.
Pese a las diferencias expresadas por las comunidades, la ministra Montero insistió en que la reunión fue “amigable y planteada desde el respeto”, por lo que criticó a “quienes tienen interés en trasladar el ruido y la bronca”.
Reunión técnica
Con este escenario, el gobierno gallego mostró su “insatisfacción” tras la reunión al considerar que existe opacidad en los criterios de reparto. “Exigimos una cohesión territorial y social que no queda garantizada”, dijo el consejero de Hacienda, Valeriano Martínez, quien recalcó que su gobierno no está dispuesto a ser una “simple encomienda de gestión” y reclamó una “cogobernanza real” en los fondos de recuperación.
El gobierno asturiano, por su parte, no emitió una valoración más allá de la descripción de los contenidos de una reunión que entendió “bastante técnica”, según fuentes del Ejecutivo.
Las autonomías que no cumplan los objetivos perderán fondos, que irán a otras zonas
Las comunidades autónomas que no cumplan con el ritmo de ejecución de los fondos europeos se arriesgan a perderlos y se distribuirán, en el mismo programa, a otros territorios. Así lo avanzó la ministra Montero, quien advirtió que se establecerá un mecanismo para que, si una comunidad no puede cumplir con la ejecución, entonces el resto de territorios se hagan cargo de esos recursos. “No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el comprometido con Bruselas”, dijo la ministra de Hacienda. En este sentido, se ha establecido en la reunión un método de información común, de modo que pueda conocerse el grado de ejecución de las inversiones en cada territorio. Ese grado de ejecución será evaluado cada seis meses. “Bruselas no entra en si una comunidad no ha cumplido, a quien pide explicaciones es al Gobierno de España”, recalcó Montero. La ministra puso como ejemplo que si hubiese un hipotético compromiso de construir 7.000 depuradoras y alguna de las comunidades tuviese dificultades para avanzar en la construcción de las que le corresponden “se pondría en riesgo el resultado final del proyecto y, por tanto, al país en su conjunto”, por lo que otras comunidades deberían asumir el cumplimiento del compromiso global. El Gobierno central ya ha distribuido en reuniones sectoriales 1.631 millones para políticas de transporte; 1.410 para modernizar la formación profesional o reducir la brecha digital, 1.087 millones en transición ecológica para políticas como la normativa de residuos, el tendido eléctrico o la mejora del servicio de saneamiento; 731 millones en políticas de cuidados; 688 en empleo, y 399 en sanidad, para equipos de alta tecnología sanitaria.
