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“Toca acatar”, dice Cofiño sobre el rechazo del TSJA al toque de queda

El Supremo autoriza la medida en Aragón tras el recurso del Gobierno, y Andalucía pedirá el certificado covid en los bares

“Toca acatar y ejecutar la decisión. Sin más”. De esta forma se refería ayer el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, a la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de denegar el toque de queda en aquellos concejos que entraran en lo que se conoce como nivel de alerta “4 plus” y que había solicitado el Principado como medida de contención para intentar frenar esta nueva oleada de expansión de los contagios del coronavirus. Cofiño aseguró que la decisión judicial “es una expresión de que el estado de derecho funciona”.

Y explicó: “Cada uno de los poderes del Estado tiene unas funciones, nosotros como Gobierno de Asturias hemos propuesto unas medidas que creemos que son necesarias para mejorar la lucha contra la pandemia”. El tribunal asturiano le dio una de cal y otra de arena al ejecutivo regional. No permitió el toque de queda, pero sí que autorizó limitar las reuniones sociales a diez personas como máximo. “El Tribunal Superior en el marco de sus competencias ha hecho un juicio de ponderación entre la petición que había, las medidas que se proponían y han decidido que una de las medidas era proporcionada y adecuada (en alusión a la limitación de las reuniones sociales) y han entendido, por contra, que la otra no lo era (el toque de queda). Es su competencia y su decisión, y vamos a acatarla y ejecutarla sin más”, señaló Cofiño. Los jueces habían señalado que el toque de queda propuesto, entre la una y las seis de la mañana, era una medida “desproporcionada”.

“Toca acatar y ejecutar la decisión. Sin más”. De esta forma se refería ayer el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, a la decisión de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de denegar el toque de queda en los ocho concejos que han entrado en el nivel de alerta “4 plus” y que había solicitado el Principado como medida de contención para intentar frenar esta nueva oleada de expansión de los contagios del coronavirus. Cofiño aseguró que la decisión judicial “es una expresión de que el estado de derecho funciona”.

Mientras eso pasa en Asturias, las diferencias por autonomías en cuanto a las medidas autorizadas y denegadas por los tribunales se agudizaron ayer en Aragón. También allí el Tribunal Superior había denegado el toque de queda solicitado por el Gobierno regional, pero el recurso al Supremo presentado por el Ejecutivo dio resultado. La Sala Tercera del Alto Tribunal ratificó la orden de la Consejería de Sanidad y con ella el toque de queda en los municipios de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, aduciendo que las medidas “se hallan justificadas por razones de salud pública”. El Supremo había rechazado hace algunos días el recurso en un sentido similar presentado por el Gobierno de Canarias.

En Asturias, el Gobierno ha renunciado al recurso, y el “toca acatar” de ayer de Cofiño es una expresión más de ello. “Cada poder del Estado tiene unas funciones, nosotros como Gobierno de Asturias hemos propuesto unas medidas que creemos que son necesarias para mejorar la lucha contra la pandemia”, afirmó el Vicepresidente, y “el Tribunal Superior, en el marco de sus competencias, ha hecho un juicio de ponderación entre la petición que había, las medidas que se proponían y han decidido que una de las medidas era proporcionada y adecuada (en alusión a la limitación de las reuniones sociales) y han entendido, por contra, que la otra no lo era (el toque de queda). Es su competencia y su decisión, y vamos a acatarla y ejecutarla sin más”, señaló Cofiño.

La Junta de Andalucía, por otro lado, decidió ayer exigir el certificado covid digital de la UE o una prueba de diagnóstico negativa para acceder al interior de los locales de ocio nocturno. La medida, desaconsejada por el Ministerio de Sanidad, se aplica ya en Galicia y Canarias. También pretendía hacerlo Cantabria, pero la justicia frenó su pretensión al revocar el cierre del interior de los establecimientos.

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