Son personas. Hijos, sobrinos, padres, hermanos y abuelos de alguien. Y llevan más de 80 años enterrados sin nombre, en una fosa a escasos cinco minutos de la villa de Grado. Hasta ayer. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició las labores arqueológicas de exhumación de las víctimas de la represión franquista que fueron asesinadas y arrojadas a la fosa de El Rellán. Y han hallado, por el momento, siete cuerpos y restos óseos –a falta de encontrar los cráneos– de otros dos represaliados. Una recuperación que apunta a que los enterramientos continúan bajo la granja de cerdos anexa, construida tras las ejecuciones.
“Había una trinchera de la Guerra Civil que usaron como fosa y que va hacia los edificios y, por los indicios en la excavación, estamos constatando que los restos van en esa dirección, hacia la granja”, explica Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH. En pocas horas, de los cuatro cadáveres que habían sido advertidos en la prospección, el número se amplió a siete y restos de, aparentemente, otras dos víctimas. Además, los cuerpos muestran signos de haber recibido “un disparo de arma corta”. También aparece material balístico y objetos personales de las víctimas, como un dólar de oro del siglo XIX que había estado engarzado en una pieza de joyería y un peine.
Los voluntarios, llegados desde distintas partes de España, no pararon de trabajar. Máxime con la exigencia de emplear todo el mimo en técnicas muy finas para no dañar los restos “porque están, desgraciadamente, mal conservados”. Algunos están mejor conservados y esperan que los huesos hayan mantenido material genético para poder contrastarlo con las muestras que han dado las familias.
Alrededor de treinta familias han participado en las pruebas que realizó la asociación el pasado mes de junio, que servirán para cotejar con los restos hallados en la fosa y poder así entregarlos a sus descendientes. “Nuestro compromiso es con las familias, aquí llegó gente con 90 años suplicando que les tomásemos la muestra porque quieren saber dónde están sus familiares, cuando es una cosa que tendría que hacer el Principado de Asturias, y así se había comprometido. Es una imagen bochornosa y a quien le competa le deberían salir los colores”, afea González, que avanza que las labores se prolongarán hasta este domingo, día 8.
Si bien, todo indica que hay más cuerpos bajo la antigua granja de cerdos. Y tanto la ARMH como el Ayuntamiento de Grado, propietario de la finca desde 2019, quieren continuar con la exhumación. Se sabe por los testimonios de testigos que durante la construcción de la explotación ganadera, en la década de los cincuenta del siglo XX, aparecieron restos humanos y los arqueólogos están casi seguros de que se pueden hallar más cadáveres bajo las naves.
Solo falta efectuar el derribo. Una intervención con consignación en el Presupuesto del Principado de Asturias en 2021 que IU pide ejecutar ya: “Exigimos lo acordado en los Presupuestos, que es derruir estas naves para permitir continuar con los trabajos”, defendió el diputado autonómico y coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, que acudió a El Rellán.
Allí, destacó el trabajo de los voluntarios de la ARMH, quienes “dedican su tiempo libre para procurar dar luz, aportar verdad, justicia y reparación y merecen todo el apoyo e impulso de las instituciones como hace el Ayuntamiento de Grado”. En ese sentido, el alcalde moscón, José Luis Trabanco, señaló que pretende exhumar todas las fosas identificadas que hay en el concejo y que suman catorce con El Rellán. “Es el momento de que esta generación de políticos demos un impulso definitivo para dejar que España sea el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas. El horror quedará archivado, pero no olvidado”, aseguró el regidor.
Por el momento, los voluntarios de la ARMH han hallado siete cuerpos y continuarán trabajando en El Rellán para poder realizar la exhumación completa en la zona no edificada. Queda pendiente, por lo tanto, el derribo de la granja, que propiciará la recuperación de todos los cuerpos. Todo para que los hijos, sobrinos, nietos y bisnietos de las personas ejecutadas puedan, más de 80 años después, dar digna sepultura a sus familiares.
