Los bomberos asturianos han decidido alzar su voz. Y lo hacen los de los tres cuerpos existentes en la región: los del Principado, los de Gijón y los de Oviedo. En total, 253 operarios y mandos. Su objetivo es lograr que las administraciones públicas, ya sea la autonómica o los ayuntamientos de las dos grandes ciudades, ejecuten partidas millonarias que, según defienden avalados por una sentencia del Supremo, deberían tener como destino inversiones en mejoras reales en los servicios de extinción de incendios y no gasto corriente o de funcionamiento. “Es un dinero que directamente debería revertir en inversiones en un servicio público para el ciudadano y, sin embargo, en los últimos años hemos ido notando cómo baja la inversión, tal pareciera que quieren desmantelar el servicio”, lamentan trabajadores de los tres cuerpos de bomberos.
Su embestida legal es potente, dado el volumen de recursos que reclaman tanto para el futuro como los relativos a los últimos cuatro años. Si se sumasen las cuantías a reclamar en el Principado, Oviedo y Gijón, la cifra total supera los 12 millones. En el ojo del huracán se sitúan las aportaciones a los cuerpos de bomberos que hacen cada año las aseguradoras, a través de su patronal UNESPA, en concepto de la contribución especial por establecimiento, ampliación y mejora de los servicios de extinción de incendio. Unas cantidades que, en el caso del Servicio de Emergencias del Principado, oscilaron en los últimos años entre los 2,1 y los 2,3 millones de euros anuales, y que no tuvieron su correspondiente reflejo en inversiones de mejora o ampliación del cuerpo de bomberos.
Gijón abre la espita. Una sentencia del Tribunal Supremo, que sienta doctrina para futuras resoluciones, dota de fuerza a los movimientos colectivos de los bomberos asturianos. Y esa sentencia se refiere al cuerpo de Gijón. Buena parte de su plantilla –71 bomberos–, con el respaldo de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), reclamó que el dinero proveniente del impuesto de las aseguradoras se destinase a inversiones de mejora en el cuerpo y no a gastos corrientes o de funcionamiento. Se basaban, para ello, en la ley de haciendas locales. El contencioso llegó al Alto Tribunal, que fue tajante: “Debido a su naturaleza, finalidad y a la manifestación de capacidad económica gravada, el importe de lo recaudado en concepto de contribuciones especiales, en caso de ampliación de servicios públicos preexistentes, como en este caso el de extinción de incendios, ha de ser destinado necesariamente a los gastos de inversión de tal ampliación (…) sin que quepa su aplicación al funcionamiento ordinario del servicio”.
Los bomberos gijoneses reclamaban inversiones por el valor de las contribuciones pagadas al Ayuntamiento por las aseguradoras en los últimos cuatro años, a contar desde cuando se hizo la reclamación primigenia. Este punto no lo aceptó el Supremo, al entender que las cuantías de esas partidas no estaban debidamente acreditadas. Sin embargo, sí dejo claro que en los años sucesivos el dinero recibido por el impuesto especial de las aseguradoras debería destinarse a inversiones para mejorar y ampliar el cuerpo de bomberos gijonés. Por eso, al no tener constancia de que haya sido así en este ejercicio, han reclamado ahora judicialmente la ejecución de la sentencia del Supremo. Asimismo, los bomberos de Gijón –asistidos por el abogado Javier Calzadilla en su exitoso proceso– reclamarán, de nuevo y acreditando las partidas con mayor claridad, las inversiones de los ingresos recibidos a través del UNESPA por el ayuntamiento gijonés en los últimos cuatro años (2017-2021). Esta cuantía asciende, según acreditan, a 3.809.900 euros.
“Simplemente reivindicamos el servicio público que todos merecemos, como vecinos y como bomberos. Por ejemplo, nosotros tenemos diez vehículos pesados, muchos con más de veinte años de servicio, y hay días que tenemos más de la mitad fuera de servicio. Hay veces que nos surgen varias emergencias a a la vez y no disponemos de un vehículo en altura o de uno con agua para atenderlas”, explica Aaron Igelmo, bombero del servicio del Ayuntamiento de Gijón. Igelmo insiste en que “estamos hablando de un servicio al ciudadano, a tu familia y a la mía. Y ese dinero que reclamamos debería estar fluyendo directamente de las aseguradoras a nuestros medios de trabajo”, sentencia.
Pleito regional. Una vez sentó jurisprudencia el Supremo con el caso gijonés, se organizaron para reclamar lo mismo los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa). También con el respaldo de la CSI, y figurando como reclamantes además del sindicato siete bomberos del cuerpo, solicitaron a la administración regional que corrigiese la situación. A su demanda mostraron su apoyo otros 121 trabajadores del Sepa.
El Principado rechazó en vía administrativa la reclamación. Alegan que, en su caso, no aplica la ley de haciendas locales, y que la sentencia del Supremo está referida a Gijón y no vincula a la administración autonómica. Asimismo, apelan a unas normativas regionales que, aseguran, les faculta para emplear las contribuciones especiales de UNESPA en “satisfacer el conjunto de obligaciones” que tiene la entidad pública.
Sin embargo, no solo el Supremo ha resuelto que el dinero de ese impuesto de las aseguradoras debe servir para mejorar y ampliar el servicio de bomberos. También la Sindicatura de Cuentas, órgano dedicado a la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público autonómico, advirtió de esta irregularidad en un informe sobre el Sepa, en el que censura la falta de especificación del destino de los millones recibidos y advierte de que ello “contraviene la ley de haciendas locales”.
Con esos argumentos, y tras la negativa en vía administrativa, los bomberos del Principado, también asistidos por el letrado Javier Calzadilla, han llevado la cuestión a la vía judicial. En juego, una partida millonaria. Reclaman las inversiones de los últimos cuatro años (de 2017 a 2020, los que no han prescrito), en los que el Principado recibió 8.920.928 euros de la patronal UNESPA. A ellos restan las inversiones ya realizadas para mejora y ampliación del servicio durante esos años, que calculan en 3.305.000 euros. Así, reclaman por esos cuatro ejercicios 5.615.928 euros. A ello habría que sumar el resultante de este ejercicio 2021, en el que el Principado estima recibir 2,3 millones de las aseguradoras. Esta cuestión ya llegó a la Junta a través del PP y de Ciudadanos.
“Falta personal, han creado una categoría precaria que es la de auxiliar de bombero, que hace lo mismo pero cobra menos; la plantilla está envejecida y mermada, y los materiales no son los mismos en todos los sitios. En la zona central hay parques modernos, pero la realidad es otra. El parque móvil tiene vehículos sin cinturones de seguridad y recientemente un compañero sufrió un accidente en un vehículo que tenía treinta años precisamente por eso. Justo, acto seguido, los renovaron después de cuatro años pidiéndolo”, cuenta Alberto Martínez, auxiliar de bombero del Sepa y delegado sindical de la CSI. “¿Un ejemplo de la situación? El parque de Somiedo es una caseta de obra que en su día se puso de manera provisional y ahí sigue. ¡Y lo llaman parque de bomberos!”, explica, antes de añadir: “¿Y qué se hace con ese dinero (los millones provenientes de las aseguradoras) que es para que trabajemos de manera eficiente? Se está dejando de lado a este servicio al ciudadano y a los profesionales que se encargan de él”.
En Oviedo, también a la carga. Los bomberos de Oviedo también se han puesto manos a la obra. “Por peculiaridades jurídicas del caso ovetense, aún no se ha interpuesto el recurso; lo haremos en los próximos días”, explica el abogado Javier Calzadilla. Hasta 54 de los 62 bomberos –incluido algún mando, como sucede en la reclamación gijonesa– respaldan la exigencia de inversión en mejoras de los fondos de las aseguradoras. Siempre con la sentencia del Supremo como gran argumento a favor. Se estima que la cuantía de los últimos cuatro años a reclamar al consistorio ovetense sea algo inferior a la de Gijón, rondando los tres millones de euros.
“Llevamos años pidiendo mejoras en un parque que tiene veinte años y un desgaste brutal. Hay goteras en gimnasios, en salas de estar, batientes rotos... Y a nivel funcional no tenemos nada para realizar prácticas. El último curso de excarcelación en accidentes que tuvimos fue en 2013, y precisamente para invertir en formación también se podían usar los fondos de las aseguradoras. En cambio, seguimos con un sistema informático de los años 90 y tenemos que usar nuestros móviles como GPS. No tenemos sistemas de descontaminación ni lavado cuando llegamos de las intervenciones”, enumera Emilio Martínez, bombero del cuerpo ovetense. Además, lanza una reflexión: “Nos imponen funciones nuevas, como atender llamadas, porque dicen que en otras ciudades las cumplen los bomberos; pero es que estas cosas básicas que demandamos también las tienen esos servicios a los que se refieren”. Y esas mejoras, entienden, se podrían afrontar con los millones de contribución especial que pagan al servicio de extinción de incendios municipal las aseguradoras.
