El Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrá que asumir su responsabilidad por el fallecimiento de un paciente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el llamado “caso de las compresas”. La familia del fallecido, que lleva desde enero de 2018 inmersa en una dura lucha para que se reconociese que la muerte de José Luis Gulias Robledo –ovetense de 44 años– se produjo por una mala praxis médica, recibirá una indemnización de alrededor de 700.000 euros.
El Consejo Consultivo –órgano del Principado al que se le pidió un dictamen sobre la reclamación pedida por la familia del finado– establece con absoluta claridad que “una sucesión de descuidos, imprudencias o desaciertos –imputables al servicio sanitario– derivó en el hecho del fallecimiento”. Esto es, que obró mal el equipo médico que, en una primera intervención de corazón, se dejó dos compresas quirúrgicas dentro del tórax; que, fruto de este descuido, el paciente desarrolló con el tiempo un pseudoaneurisma que un radiólogo equivocó con un simple hematoma; y que, fruto de ese error de diagnóstico, se planificó mal una segunda operación en la que Gulias murió desangrado.
Al Principado no le quedará más remedio que asumir su culpa dado que, además, su entidad aseguradora ya ha establecido que “es claro que procede la declaración de responsabilidad patrimonial”.
El Consejo Consultivo dictamina que “en el desgraciado fallecimiento han concurrido diversas negligencias reveladoras de una notoria mala praxis sanitaria”
Así se recoge en el dictamen del Consultivo, que hace suyos los hechos reflejados durante el proceso penal. Este proceso, aunque se sobreseyó al no estimar la Audiencia Provincial que estuviese probado con la suficiente claridad que los médicos cometiesen un delito que conllevase cárcel, sí abrió las esperanzas a una reclamación indemnizatoria al reconocer los jueces que sí existían indicios de que no se obró bien.
Una vez archivada la vía penal, en la administración regional se reactivó la vía reclamatoria abierta por la familia. En la misma, Salud no ha tenido otra opción que asumir los hechos. Las palabras que incluye el dictamen del Consejo Consultivo dejan poco lugar a las dudas. “Lo razonado” durante la vía penal –apunta el Consejo– “nos permite constatar que en el desgraciado fallecimiento han concurrido diversas negligencias reveladoras de una notoria mala praxis sanitaria”.
No es menos claro el informe pericial encargado por la propia aseguradora del Sespa, que ha tenido que asumir la indemnización. La facultativa que lo elaboró afirma lo siguiente: “No cabe más que estimar la reclamación ya que si no se hubiese producido el olvido de las gasas en la primera intervención no se hubiese tenido que realizar la segunda. La causa directa de la muerte fue debida a esa segunda intervención, mal planificada debido a un diagnóstico incorrecto. En esta ocasión, además, se produjo una pérdida de oportunidad ya que de haberse realizado la intervención en condiciones adecuadas el paciente hubiese podido sobrevivir”. En cambio, el hombre murió desangrado al encontrarse los médicos en el quirófano con una situación dantesca –compresas olvidadas y un pseudoaneurisma– para la que no estaban preparados por el error diagnóstico del radiólogo.
Con todo, ahora solo resta que se termine de concretar la cantidad indemnizatoria para ocho familiares del fallecido (la viuda, sus dos padres, dos hijos y tres hermanos). Si bien la administración y su aseguradora asumen una cuantía total de 687.727,98 euros, el dictamen del Consejo Consultivo advierte que habría que actualizar esa cifra y establecerla en 700.649,14 euros, de los que las mayores partidas irían destinadas a la viuda y sus dos hijos. Una familia que, por fin, verá que se reconoce que la prematura muerte de José Luis Gulias, a los 44 años, fue fruto de una “notoria mala praxis” médica.
