Desde hoy ya no habrá vigilantes de seguridad para controlar los accesos a los Juzgados de la región que no cuentan con vigilancia de la Guardia Civil con el fin de que los usuarios cumplan con las medidas de higiene exigidas por la pandemia. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia indicaron que se volverá a contratar el servicio en pocos días, esta vez de forma permanente e independientemente de la pandemia. Funcionarios de Juzgados que carecen de vigilancia de la Guardia Civil mostraron su malestar por el hecho de que se retire este servicio que les permitía desempeñar su trabajo con mayor tranquilidad. “Ahora los usuarios podrán entrar hasta las mesas de los funcionarios sin filtro previo”, se quejó una de estas funcionarias. “Y ya sabemos el tipo de personas que entran en ocasiones en los Juzgados”, añadió.
En junio del año pasado, el Principado contrató este servicio auxiliar con carácter de emergencia, dentro del Plan de desescalada para la Administración de Justicia tras la fase más aguda de la pandemia. Se buscaba controlar el acceso a las sedes judiciales en las que no prestaba ese servicio la Guardia Civil, y que son casi todas, a excepción de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres.
Estos vigilantes de seguridad también realizaban una labor de control del aforo de los Juzgados para evitar aglomeraciones, ordenando así el acceso. También desempeñaban funciones informativas y de seguridad en el interior de las dependencias judiciales. Ese contrato de vigilancia se ha ido prorrogando hasta ahora, cuando la situación generada por la pandemia ya no es tan acuciante y se precisa darle un carácter menos provisional. Se trata de un servicio que, además, “ha funcionado bien”.
El Gobierno regional aprobó el pasado mes de mayo la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y el Ministerio del Interior para la vigilancia de las instalaciones y edificios judiciales, para el que se iban a destinar 550.000 euros a financiar en 12 meses. También aprobó un gasto de 174.784 euros para el servicio de portería, control de acceso e información de las sedes judiciales durante un año.
“Ahora vamos a estar más expuestos. No sabremos si los usuarios se han higienizado adecuadamente, y podrá entrar cualquiera con cualquier intención”, indicó una funcionaria adscrita a un Juzgado ahora sin vigilancia. Según añadió, “ha habido problemas de adjudicación, ya que se contrató a una empresa que se echó para atrás y continuó la antigua, que ahora ha tenido que terminar”. Y añadió: “Ahora tendrá que contratarse una nueva y no habrá servicio hasta el mes de octubre o más tarde incluso”.
