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El calvario burocrático de un gijonés: “Me están condenando a la muerte laboral”

José González lleva meses esperando la licencia para abrir un negocio y cuatro años por un permiso para construir su casa | Denunciará en el Juzgado los “retrasos injustificados” y reclamará daños y perjuicios

El calvario burocrático de un gijonés: “Me están condenando a la muerte laboral”

El calvario burocrático de un gijonés: “Me están condenando a la muerte laboral”

“Me están condenando a la muerte laboral”. El gijonés José González vive un calvario burocrático desde hace años. Solo encuentra trabas cada vez que pretende impulsar algún negocio inmobiliario, lleva meses esperando para abrir un negocio y suma ya cuatro años de espera por una licencia de parcelación para construir la casa de sus sueños. “Estoy aburrido. La burocracia es insoportable. Esto no pasa en ningún país de Europa… ni de África”, clama. Harto de la situación, ha decidido demandar a la Administración por daños y perjuicios, y solicitará al juez que determine qué funcionario es responsable de los “retrasos injustificados” para demandarlo también.

José González recuerda tiempos en los que Asturias, y más en concreto el Ayuntamiento de Gijón, era ejemplo de buen hacer y rapidez en las gestiones. “No hablo de colores políticos, porque hay de todo en todas partes, pero parece que ahora mismo no quieren que se haga nada. Y eso que las licencias no son gratis y suponen dinero circulante, pero les da igual”. Asegura que el perjuicio que provoca el atasco burocrático no solo lo afecta a él, sino también a los obreros, los arquitectos… “Están desesperados, porque no les dejan trabajar”.

El primer caso que le afecta tiene que ver con la casa que quiere construir en Cabueñes. Compró una finca hace cuatro años y solicitó licencia de parcelación para construir dos casas, una para vivir y la otra para vender. Tras muchos meses de espera logró permiso provisional del Ayuntamiento. Después le tocó pedir informe a Carreteras. Estuvo listo en tres meses. Pero a continuación llegó un segundo “vía crucis”, que aún perdura: la finca está al lado del Camino de Santiago, así que el expediente acabó siendo remitido a la Consejería de Cultura, en concreto al departamento de Patrimonio Cultural. Allí sigue, pese a que la parcelación “no altera nada, ni requiere obra alguna”. Y mientras tanto se ve obligado a vivir de alquiler.

“Es un encorsetamiento tal de la Administración que hace imposible el trabajo”, señala González. Pero hay más: el expediente se perdió en Patrimonio, “No aparece, está en la nube”, le decían. “¡En la nube estaban ellos!”, exclama con enfado. Llamadas de teléfono, correos electrónicos… Nada durante meses.

Hasta que logró averiguar lo ocurrido: el expediente había sido remitido por error a Turismo, un departamento de la misma Consejería de Cultura. “Pero en vez de devolverlo a Patrimonio, en turismo no hicieron nada y el expediente se quedó allí, en una estantería”, rememora el gijonés durante meses. Tras medio año llamando a la Consejería para pedir explicaciones logró que lo atendieran.

La ayuda de un solícito funcionario resultó fundamental para conseguir que el expediente apareciera. “Le quitaron el polvo y, por fin, lo enviaron a Cultura”, relata. Pero sigue estancado. “Llamé en mayo, en junio, en julio… Decidí no llamar en agosto, aunque acabé haciéndolo. Y tendré que volver a llamar en septiembre”, subraya desesperado. Porque desde mayo siempre ha obtenido la misma respuesta: “Está encima de la mesa para la firma”. Hasta hoy. La solución que le dan en el Principado es que envíe un correo electrónico explicando la “incidencia”, que achacan a “un error”.

Ahora ha decidido dar un paso más allá. Se enteró de que en Madrid ya ha habido varios casos en los que ciudadanos afectados por retrasos injustificados han demandado, además de a la Administración, al funcionario responsable de las demoras. Y ha decidido hacer lo mismo. Su abogado ya prepara la demanda. “La Administración es un monstruo, pero en muchos casos los culpables son funcionarios concretos”, señala. “Dicen que las denuncias a funcionarios están dando resultado en Madrid, así que voy a hacer lo mismo, pediré al juez que identifique a los funcionarios responsables. Ya no aguanto más”, destaca.

Pero el de la casa que pretende construir es solo uno más de los muchos casos en los que la burocracia lo ha perjudicado. De hecho, en la actualidad está en el paro por culpa de la Administración. El año pasado decidió abrir un negocio relacionado con el universo inmobiliario en un local gijonés. Solicitó en marzo licencia ara acondicionar el local, pero aún no ha logrado que se la den. “Me piden papeles que ya mandé veinte veces. Es un auténtico caos”, señala. “Me están condenando al paro, a la muerte laboral”, se queja.

Otro caso: el Ayuntamiento de Gijón tardó más de un año en concederle una licencia de derribo para un edificio en ruinas en La Guía. “Tenía miedo a que se desprendiera algo del edificio y matara a alguien, pero ellos (los responsables de conceder el permiso) pasan de todo”.

“No se dan cuenta de que detrás de sus decisiones arbitrarias hay familias, personas que necesitan trabajar para vivir. Tengo dos hijas estudiando, necesito trabajar, vivo de eso. Pago mis impuestos, licencias, a Hacienda… Se me condena injustamente a la precariedad. ¿Por qué se me condena a no poder trabajar?, pregunta González, que a sus 62 años asegura que sobrevive “tirando de ahorros”, porque desde hace tiempo carece de ingresos.

Su conclusión es que España, como decía Antonio Machado, que España es “un país atrasado, donde de diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Y sigue plenamente vigente el ‘Vuelva usted mañana’ de Mariano José de Larra. Seguimos igual o peor que entonces”, indica. Aparte de la demanda, que presentará en las próximas semanas, González ha decidido buscar “nuevos aires”. “En Gijón no puedo trabajar, no me dan la herramienta”. Ya ha iniciado algunas tramitaciones en Onís y Cangas de Onís. “Allí me tratan de cine. Un ejemplo: el alcalde de Onís (José Manuel Abeledo) me dio su número de teléfono móvil el primer día”, destaca. Pero su mayor preocupación sigue siendo su casa. “Si tardan cuatro años en darme la licencia de parcelación y otros cuatro en la de construcción… Al final voy a morirme sin poder hacer la casa”, concluye.

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