Han tenido que pasar 14 años, con la gran recesión de 2010 y la mayor pandemia del último siglo de por medio, para que el Parlamento asturiano vuelva a sentarse a negociar una reforma del Estatuto de Autonomía. A diferencia de intentos anteriores, la iniciativa parte esta vez del propio presidente del Principado, Adrián Barbón, aunque los otros dos partidos de la izquierda asturiana, Podemos e IU, llevan tiempo reivindicado la oficialidad del asturiano, un asunto no exento de polémica que debe encontrar acomodo en la norma básica autonómica y que, de partida, se presume como central en el debate político regional para los próximo meses.
Pero la reforma estatutaria es algo más que la cooficialidad. La introducción en la arquitectura jurídica asturiana del decreto ley, la reivindicación de que el Estatuto asturiano fije, a imitación de otros, un mínimo de inversión del Estado en Asturias, el blindaje de derechos sociales o incluso la capitalidad de Oviedo, que dio al traste con la negociación anterior, en 2008, son cuestiones que también pondrán encima de la mesa los partidos participantes en una negociación a la que no ha sido invitado Vox, que tampoco hubiera acudido como se ha encargado de aclarar su presidente en Asturias y portavoz parlamentario, Ignacio Blanco, quien trató, sin éxito, que el PP, Cs y Foro se sumasen a su veto a la negociación.
La cooficialidad del asturiano es una vieja reivindicación a la que se sumó Podemos cuando entró en el escenario político asturiano y a la que se unió algo más tarde la Federación Socialista Asturiana, concretamente en su congreso autonómico celebrado a caballo de septiembre y octubre de 2017, dando así carta de naturaleza a su inclusión, por primera vez, en el programa con el que concurrió a las elecciones de 2019. Barbón y su ejecutiva defienden una “oficialidad amable” a la asturiana. En la actualidad, el asturiano está regulado mediante una ley autonómica de uso y promoción pero no tiene el reconocimiento de lengua oficial en Asturias, con los derechos que conlleva ese estatus. Para la reforma del Estatuto que salga adelante en este punto son precisos, al menos, 27 de los 45 votos de la Cámara. PSOE, IU y Podemos sumas 26 por lo que el voto de Foro resultará decisivo, toda vez que PP, Cs y Vox no están por la labor de apoyar el paso de ley de uso y derecho, aprobada por el único gobierno popular en Asturias con Sergio Marqués al frente, en 1998, a la oficialidad.
El Gobierno socialista también ha dejado entrever su interés en que la “modernización” o actualización del Estatuto, cuarenta años después de su aprobación, sirva para incorporar el decreto ley al corpus jurídico del Principado. Se trata de una herramienta que el Ejecutivo de Barbón ha echado especialmente de menos para tomar decisiones más rápidas ante una crisis de la magnitud de la vivida en el último año y medio con el coronavirus y con la que cuentan comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León, Navarra y Extremadura . Todas ellas hicieron hueco a esta figura en sus respectivos estatutos de autonomía, en las reformas acometidas en el período comprendido entre 2006 y 2011. Es una herramienta que refuerza los poderes del Gobierno autonómico a la hora de dictar normas exprés para afrontar situaciones apremiantes. En principio, no parece que los grupos de la oposición vayan a plantear objeciones a una herramienta aplicada por gobiernos autonómicos de todos los colores aunque, en este caso, el quiz del debate se centrará en los límites que se planteen para que el Gobierno autonómico pueda recurrir al decreto ley.
Ciudadanos ya ha advertido que llegará con propuestas a la mesa de negociación. Susana Fernández, la portavoz del grupo naranja, ha dejado caer en alguna de sus intervenciones la necesidad de que la reforma del Estatuto de Autonomía garantice los principios de solidaridad y cohesión territorial y permita, también, asegurar futuras inversiones del Estado. Una iniciativa que, por ejemplo, adoptó Cataluña cuando reformó su Estatut en 2006.
Podemos aspira, cooficialidad aparte, a blindar jurídicamente en el Estatuto asturiano avances en derechos sociales mientras que Foro espera que el Gobierno socialista “tras dar la matraca dos años llegue a esta negociación con algo más” que la modificación del artículo relativo al asturiano. “Hay que pensar en los próximos 40 años”, proclamó el portavoz forista, Adrián Pumares, quien afirmó que el PSOE y Vox están usando el asturiano como “arma arrojadiza”. Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias y portavoz en la Junta, calificó de “error” que partidos que están en contra de la reforma acudan a la reunión con los socialistas. “En lugar de recuperar competencias, deberíamos devolver algunas”, afirmó Blanco, quien sostiene que esta reforma “al final se va a basar solo en la oficialidad del bable”.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció que planteará a los grupos de la oposición “distintas negociaciones” para la modernización del Estatuto de Autonomía y rebatió la posición de Vox: “No se puede defender la Constitución si uno no defiende el Estatuto Autonómico. Es un planteamiento anticonstitucional”. Barbón aseguró que sin autonomía “hace mucho que hubieran desaparecido los hospitales comarcales”.
