El peaje del Huerna podría ser ilegal, al haberse prorrogado en el año 2000 por 29 años sin licitación de por medio. De momento, la Comisión Europea (CE) ya ha abierto un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de la autopista del Atlántico (AP-9), en Galicia, sin haber convocado una licitación pública para ello. Tanto la AP-9 como la autopista del Huerna (AP-66, León-Campomanes) fueron prorrogadas en 2000 por el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, pero en ninguno de los dos casos hubo licitación pública: las concesionarias siguieron siendo las mismas.
“Según el Derecho de la UE (Unión Europea), la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación”, esgrime la CE. En el caso de la AP-9 la ampliación fue hasta 2048, mientras que en el del Huerna fue hasta 2050, lo que supuso 29 años más, puesto que la concesión debía concluir dentro de 23 días, el próximo 17 de octubre.
De acuerdo con las normas comunitarias, la extensión de un contrato de concesión es “equivalente” a una nueva concesión, que puede ser otorgada solo mediante un concurso público previo, por lo que España habría violado las reglas de licitaciones públicas de la Unión Europea, explicaron las autoridades de Bruselas. El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder, antes de que el expediente siga adelante. La CE ha abierto un expediente por el mismo motivo a Italia, que prolongó sin licitación la concesión de una autopista en el Tirreno y, dos años después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciase que había incumplido las normas europeas, aún no ha tomado medidas para implementar la sentencia.
La decisión de la CE de abrir un procedimiento de infracción por la prórroga del peaje en la AP-9 es consecuencia de la denuncia presentada en enero de 2020 ante esa institución por la asociación En-Colectivo, que defiende a los usuarios afectados por el cobro presuntamente ilegal de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande por la empresa Audasa, concesionaria de la AP-9. En-Colectivo confía en una resolución final que dicte la gratuidad en la Autopista del Atlántico para todos los usuarios, unos 15 millones al año.
El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, anunció ayer que una demanda ante la Comisión Europea similar a la de En-Colectivo.
El Gobierno del PP justificó la prórroga del peaje del Huerna señalando que permitiría que fuera gratuito el tramo Onzonilla-Benavente, en la ruta de Asturias hacia Madrid. Pero la verdadera razón por la que se amplió el peaje del Huerna fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA el 23 de abril de 2019, tras tener acceso a diversa documentación interna del Ministerio de Fomento (ahora de Transportes). La prórroga de los peajes asturleonés y gallego sirvieron para financiar parte de la construcción del tramo Fene-Ferrol, en la AP-9, para la supresión del pago entre Rande y Puxeiros, cerca de Vigo, también en la Autopista del Atlántico, y para sanear las cuentas de la entonces pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ahogada por las deudas, lo que permitió privatizarla solo tres años más tarde.
